EE.UU., la Corte de San José y la desmemoria

Imaginemos que un general estadounidense, condecorado por combatir a Osama Ben Laden y Al Qaeda, es enjuiciado por una corte supranacional ubicada en un paisito tropical. Ese héroe es condenado por el daño colateral de un bombardeo, donde él perdió las piernas. Alucinemos que esa corte sentencia a los Estados Unidos a indemnizar a las familias de los terroristas, sin derecho a apelación. ¿Cómo reaccionaría el Congreso, el Pentágono, cualquier patriota?
Estados Unidos, cauto en sus relaciones internacionales, firmó el Pacto de San José y no lo ratificó. El demócrata Jimmy Carter tuvo un gesto, y el republicano Ronald Reagan lo olvidó, como los sucesivos gobiernos. Y es que una nación libre no delega la soberanía de juzgar a sus soldados en una corte extranjera, menos aún en una donde la política se disfraza de legalidad y los dictámenes se emiten como si todos los países fueran iguales.
Cuando Sendero Luminoso y el MRTA convertían pueblos enteros en mausoleos al aire libre, las Fuerzas Armadas y la Policía se enfrentaron a esos genocidas. En el campo de batalla pueden haberse cometido excesos, pero deslegitimar a los defensores del orden y la paz es deshonesto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha fallado en reiteradas ocasiones contra el Estado peruano: por Barrios Altos, por La Cantuta, por Castro Castro. Cada sentencia tiene una relectura ideológica: los terroristas son víctimas, y los militares, verdugos. La narrativa ha sido invertida.
La mayoría de magistrados de la Corte son de países que jamás enfrentaron una barbarie semejante a la de Sendero ni del MRTA; juzgan desde un escritorio sin conocer ese horror ni entender que, en ciertos momentos, el Estado se ve forzado a escoger entre su sobrevivencia y la legalidad extrema.
Estados Unidos no sometió su política interna, su justicia y a sus militares a un tribunal extranjero, porque es ceder soberanía en nombre de una moral volátil. Perú se arrodilló, en plena dictadura militar y en el segundo belaundismo, abriendo la puerta a una revisión ideológica.
Durante los ocho años de los dos gobiernos de Barack Hussein Obama, EE. UU. bombardeó sin rendir cuentas ante nadie, solo a sus votantes, y honró a sus soldados. A contramano, el Perú entrega a los suyos a una justicia que no distingue entre combate y crimen.
Denunciar el Pacto de San José es impopular entre la izquierda y quienes viven de las ONG, pero es una afirmación clara de que el Perú tiene derecho a contar su propia historia, a juzgar a sus propios actores y a defenderse del terrorismo armado y del terrorismo moral del lenguaje jurídico de la CIDH.
La justicia convertida en arma ideológica es revancha disfrazada de virtud. El Perú debe ser juzgado por sus errores, pero por sus propios jueces, dentro de su marco histórico. No por quienes dictan sentencias sin haber visto la sangría terrorista ni comprendido que ganar esa guerra supuso la supervivencia de nuestro país.
No fue una tarea exenta de errores, pero fue necesaria, civilizatoria y defensora de la democracia.

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