Educación sostenible

Para este año 2023, tenemos al sector educación con una participación en el 19.5% en el presupuesto nacional y con un aumento ascendente al 16.9% respecto de año pasado, en el que pudimos “quitarnos el sombrero”.

En este orden, hacemos una toma legal de nuestro derecho a la educación para poder fijar el punto de partida de una nación sostenible que todos anhelamos.

Como recuerdo -muy penosamente, por cierto- podemos indicar que somos conscientes de la precariedad de este servicio público y más aún tuvimos a un representante de dicho sector que, cual posverdad, proclamaba tener “palabra de maestro” sin poder hilar ideas, narrar historias, contar anécdotas y ni leer bien un texto.

Precisemos que este derecho está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), y, a nivel nacional, en el Capítulo II del Título I de nuestra Constitución (1993); y como tal tiene el reconocimiento del derecho humano fundamental.

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional (Sentencia 4232-2004-AA) ha señalado que la educación cumple determinados fines constitucionales, entre los que se encuentran: a) promover el desarrollo integral de la persona; b) promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo; y c) desarrollar la acción solidaria.

Como vemos, esta actividad o formación permite sacar a la nación de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, así como asegurar otros derechos humanos fundamentales (UNESCO, 2022).
Regresando otra vez en el tiempo, en 1960, la UNESCO convocó a los estados miembros y se realizó la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. Esta Convención es un pilar de la

Agenda Mundial de Educación 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educación. Este último se basa en los derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación que es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.

Estamos muy cerca del 2030 y, con el notable presupuesto incrementado para este 2023, es indispensable realizar mejoras para salir de la actual precariedad en la que nos encontramos, a pesar de la oposición radical e irracional que algunos siempre han demostrado porque saben que pueden manejar, para sus conocidos e ilegales intereses, una nación sin educación.

Simón Bolívar lo dijo antes del inicio de nuestra república: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”.

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