Educación: nombramiento automático de docentes contratados deteriora la meritocracia

El pasado 21 de junio de 2023, el Congreso aprobó el proyecto de ley 1587/2021-CR, que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular, de manera automática solo con tener 3 años como contratados, sin ningún concurso público, prueba o evaluación de conocimientos que demuestren su mérito, aptitud y capacidad didáctica. Increíblemente, este proyecto de ley no pasó por la Comisión de Educación del Congreso, que era presidida por Gladys Echaíz (pasó únicamente por las comisiones de Trabajo y Presupuesto). En su debate solo participaron 14 congresistas, la mayoría del Bloque Magisterial (8) y de Perú Libre (3), y fue aprobada con 82 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, con votos en bloque de los partidos Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Alianza para el Progreso. El hecho es que, bajo las disposiciones de esta ley 1587/2021-CR, según el aplicativo informativo AIRSHP del MEF, se nombraría sin concurso a 129,582 docentes y originaría un gasto anual de más de S/ 4,500 millones.
En este contexto, el 18 de julio de 2024, el Ejecutivo observó dicho proyecto de ley, básicamente porque la Ley de Reforma Magisterial (ley 29944), que regula la Carrera Pública Magisterial, establece la aplicación de evaluaciones del desempeño en el cargo, precisando que únicamente ingresan a la carrera magisterial quienes alcancen plaza vacante. Por lo tanto, los nombramientos de manera directa contradicen el principio de mérito, capacidad e igualdad, porque no cumplen las condiciones de acceso a una plaza de manera indeterminada, debiendo obtenerse por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades. Además, se considera que la evaluación es imprescindible para la progresión en la carrera, ya que contribuye de manera importante a la mejora de la calidad educativa, la cual, según la Constitución, corresponde al Estado supervisarla (artículo 16°).
Bajo este panorama, nuestro sistema educativo es el sector más importante para el futuro de nuestro país. El Congreso no debería aprobar esta ley por insistencia, porque deteriora la meritocracia y afecta las prácticas pedagógicas. Los congresistas deberían analizar la lamentable situación de nuestra realidad educativa, desnudada por la última prueba PISA con resultados críticos en el área urbana y muy graves en el área rural. La mayoría de estudiantes solo llegó hasta el 2° nivel (únicamente responden reactivos básicos y realizan inferencias sencillas). Por el contrario, deberían formular y presentar leyes que mejoren la calidad educativa, capacitando y evaluando permanentemente a los docentes para que puedan estimular en los alumnos la creatividad y el análisis. Por su lado, el gobierno debería formular políticas públicas para brindar un acceso educativo equitativo, como derecho, a estudiantes de todo nivel socioeconómico.

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