Ecuador: la guerra que no vemos
Ecuador arde y el Perú mira de reojo. Una guerra criminal transnacional ha capturado territorios, rutas y comunidades de la frontera. Los protagonistas son conocidos: Los Choneros y Los Lobos, en alianza con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a los Comandos de la Frontera en la Amazonía. Al frente, un Estado debilitado aspira a retomar el control con apoyo de Estados Unidos, tras la decisión del 4 de septiembre de designar a estas bandas como organizaciones terroristas. Ello permite sanciones, intercambio de inteligencia y uso de drones en suelo ecuatoriano.
El Perú, con su frontera vulnerable, es el espejo del próximo incendio si no actúa. Ecuador pasó de ser un país tranquilo a un epicentro del narcotráfico global. La dolarización, instituciones frágiles y puertos estratégicos facilitaron la entrada de los carteles mexicanos. Los Choneros se convirtieron en brazo de Sinaloa y Los Lobos, tras escindirse en 2020, pactaron con el CJNG. Esto derivó en pandillas locales convertidas en franquicias del crimen internacional, con masacres en cárceles, víctimas decapitadas en puentes y alcaldes asesinados. Es un país sometido a una violencia con lógica insurgente, donde las mafias cobran impuestos, reclutan jóvenes y dominan barrios completos.
Washington leyó el peligro y actúa. La etiqueta de “terroristas extranjeros” que hoy llevan Los Choneros y Los Lobos significa congelamiento de activos, desarticulación de redes financieras y facilitación de operaciones conjuntas. Marco Rubio anunció inversiones que incluyen drones de vigilancia y la posibilidad de restablecer una base militar estadounidense. Los llamó “animales, terroristas” con los que hay que “librar la guerra”.
En la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, los Comandos de la Frontera, disidentes de las FARC, han instaurado un Estado criminal alternativo. Imponen toques de queda, inspeccionan comunicaciones privadas, reclutan jóvenes y gravan la economía informal y la minería ilegal. Su control del narcotráfico, del oro y de las rutas fluviales supera al de las autoridades. En enero, la escalada de violencia en Ecuador llevó a Lima a declarar emergencia en Tumbes y Loreto. Cada pista aérea clandestina detectada en la selva es un indicio de que la guerra silenciosa acecha nuestra frontera.
¿Qué hacer? Primero, reconocer que no es delincuencia común, es guerra criminal. Segundo, desplegar inteligencia fronteriza para identificar rutas, laboratorios y flujos financieros. Tercero, sostener operaciones conjuntas con Ecuador y Colombia que superen los operativos “turísticos” y desmantelen estructuras completas. Cuarto, cortar el oxígeno económico atacando la minería ilegal y el lavado de activos, cerrando el REINFO y los permisos precarios que sirven de paraguas a mafias. Quinto, presencia efectiva del Estado en la Amazonía con bases móviles, salud, educación constante y programas de empleo juvenil. Esta guerra no se gana solo con balas, sino arrebatándole al crimen a sus futuros reclutas.
Se necesita un liderazgo capaz de anticipar riesgos, comunicar con claridad y alinear Fuerzas Armadas, Policía, fiscalía y gobiernos locales. Un liderazgo que entienda que la soberanía no se defiende solo con patrullas, sino con servicios, legitimidad y presencia. Sin confianza no hay legitimidad; sin legitimidad no hay obediencia a la ley.
¿Excesos? ¿Militarización? Una preocupación válida, pero más irresponsable sería no actuar. No se limita al Ecuador: es la nueva forma del crimen organizado en América Latina. La indiferencia lleva al colapso, la prevención salva democracias.
El Perú debe redefinir la seguridad nacional, sostener la cooperación regional, cerrar grietas que blanquean minería ilegal y narcotráfico, reocupar la Amazonía con Estado y desarrollo y cooperar con aliados externos sin hipotecar soberanía. Cada coche bomba en Guayaquil retumba en Tumbes; cada narcopista en Sucumbíos amenaza Loreto. No esperemos sentir el fuego en la nuca para actuar.
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