Ecos de la crisis en el Ministerio Público
El 2018 fue muy movido en el aspecto político y como si fuera poco todo lo que nos tocó vivir en dicho año, faltando pocas horas para recibir el 2019, nos sorprendió la noticia de que el fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, había dispuesto la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de las investigaciones del caso Lava Jato.
Si bien es cierto, el fiscal de la Nación ha tomado esta decisión en ejercicio de sus atribuciones, llama poderosamente la atención y se presta a muchas suspicacias el momento elegido para hacerlo, creyendo que una decisión de tal magnitud podría pasar desapercibida. Las marchas de apoyo a los fiscales removidos, así como las declaraciones de los principales líderes políticos, no se han hecho esperar.
Esta controvertida decisión le ha dado la oportunidad al presidente Vizcarra de tomar nuevamente la iniciativa en el juego político, interrumpiendo su viaje oficial al Brasil para retornar al Perú y anunciar la presentación al Congreso de un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, pidiendo que el tema sea tratado con prioridad y deslizando la posibilidad de plantear una cuestión de confianza. No dio detalles del contenido del proyecto de ley, pero sin duda se trata de una postura que le ayudará a ganar algunos puntos más de popularidad.
Lo más preocupante de todo es que los peruanos ya tenemos tema para discutir y distraernos durante las próximas semanas, dejando de lado por enésima vez el tratamiento de asuntos que nos interesan a todos y que no pueden seguir postergándose.
Después de la decisión del fiscal de la Nación, se hace evidente que los poderes del Estado y las instituciones tienen que renovarse y ser depuradas para responder a las expectativas de la sociedad. Sin embargo, aun cuando haya de por medio decisiones tan polémicas y discutibles, estos procesos deben realizarse respetando la institucionalidad y la autonomía de poderes.
Por eso, veo con mucha preocupación la injerencia y protagonismo que el Poder Ejecutivo está asumiendo respecto a este caso. El tema es importante, no cabe duda, pero ir personalmente al Congreso para presentar el proyecto de ley y hacer una cuestión de confianza, más parece un gesto para la tribuna que una medida concreta en la lucha contra la corrupción. Ya es tiempo que el Gobierno, y también los fiscales, dejen de actuar en función de los niveles de popularidad.
