Economía social de mercado

Nuestra Carta fundamental establece que la iniciativa privada es libre; se ejerce en una economía social de mercado; bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

La norma constitucional establece la economía social de mercado como el régimen económico del país, garantizando la libertad de iniciativa privada mientras posiciona al Estado como un agente orientador y regulador en áreas clave para el desarrollo nacional. Este modelo, que encuentra sus raíces históricas en los antecedentes constitucionales de 1933 y 1979, presenta una amalgama entre la libertad económica y la intervención estatal, proyectando una visión de equilibrio y justicia social dentro del marco de una economía de mercado. Para comprender la trascendencia de esta disposición en el marco jurídico peruano, es imperativo remontarse a sus antecedentes constitucionales. El artículo 182 de la Constitución de 1933 ya esbozaba una preocupación por la función social de la propiedad y la economía, lo que puede interpretarse como un precedente temprano del concepto de economía social de mercado. Sin embargo, fue en la Constitución de 1979 donde se consolidaron de manera más explícita los principios de intervención estatal en la economía, específicamente en los artículos 110 y 115, estableciendo el rol del Estado en la regulación económica y la promoción de políticas de bienestar social.
La transición hacia el modelo de economía social de mercado reflejado en la Constitución de 1993 puede entenderse como una evolución natural del pensamiento económico y social en el Perú, buscando un equilibrio entre los principios de libertad económica y la necesaria intervención estatal para corregir las desigualdades y promover el desarrollo integral de la nación. Este modelo incorpora una dimensión ética y moral en el ámbito económico, fundamentándose en la doctrina social de la Iglesia y en los principios del ordenamiento social y económico de Alemania post-Segunda Guerra Mundial. La economía social de mercado busca superar las dicotomías tradicionales entre capitalismo y socialismo, proponiendo un tercer camino que combina la eficiencia del mercado con la justicia social, mediante una regulación estatal que garantiza la competencia, protege los derechos fundamentales y promueve la cohesión social. En el contexto peruano, la adopción de este modelo responde a la necesidad de superar las profundas desigualdades socioeconómicas, buscando un desarrollo que no solo se mida en términos de crecimiento económico, sino también en el bienestar integral de la población. El Estado, bajo este régimen, asume un rol no solo regulador sino también promotor, interviniendo en áreas críticas como la educación, la salud, el empleo, la seguridad y la infraestructura, con el fin de garantizar oportunidades equitativas para todos los ciudadanos.

La implementación del modelo de economía social de mercado en el Perú ha enfrentado desafíos significativos, reflejando la complejidad de traducir principios constitucionales en políticas públicas efectivas. La libertad de iniciativa privada, si bien ha propiciado un ambiente favorable para la inversión y el crecimiento económico, también ha generado críticas en cuanto a la distribución equitativa de sus beneficios y la efectividad de la intervención estatal en la corrección de desigualdades estructurales. El análisis crítico de la práctica de este modelo en el Perú debe abordar tanto sus logros como sus limitaciones. Por un lado, el país ha experimentado periodos de crecimiento económico sostenido y mejoras en indicadores macroeconómicos. Por otro, persisten desafíos relacionados con la informalidad laboral, la calidad y accesibilidad de servicios básicos y la brecha de desigualdad. Esto sugiere la necesidad de una revisión y ajuste continuo de las políticas y estrategias de intervención estatal, para asegurar que el desarrollo económico se traduzca en un progreso social inclusivo y sostenible.

El modelo de economía social de mercado, consagrado constitucionalmente, ofrece un marco conceptual y jurídico para el desarrollo económico y social del país que busca equilibrar la libertad de mercado con la justicia social. Sin embargo, la efectividad de este modelo depende de su implementación práctica y de la capacidad del Estado para actuar como un regulador y promotor eficaz en la consecución de un desarrollo integral y sostenible. En este sentido, el futuro del modelo en el Perú requiere no solo una reflexión profunda sobre sus principios y objetivos, sino también un compromiso renovado por parte de todos los actores sociales y políticos para superar los desafíos estructurales que enfrenta el país. Esto implica una apuesta por políticas públicas innovadoras, inclusivas y sostenibles que permitan materializar la visión de justicia social y desarrollo económico que el propio modelo propone.

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