Dos fiscales en graves problemas
La campaña desinformativa montada por Odebrecht, en connivencia con medios de comunicación como El Comercio, La República, RPP, canales 2, 4, 5, 8, 9 para salvarle los muebles a Odebrecht, ha sido un verdadero golpe de Estado disfrazado de una mascarada bautizada como “El proceso Lava Jato”.
Su efecto devastador ha involucrado a sucesivos expresidentes de la República, incluyendo a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Decimos ”golpe de Estado”. Tanto que sus consecuencias anularon la voluntad de los votantes que eligieron al único gobierno democráticamente constituido (el de PPK).
Los demás han sido secuelas del caos sociopolítico en el que, desde entonces, se encuentra este país, por efectos del terrible maremoto antidemocrático que produjo el escándalo Lava Jato, perpetrado por Odebrecht con sus secuaces peruanos, robándole no menos de US$ 35,000 millones a nuestra atribulada nación.
Parte de la desinformación planificada, inducida y ejecutada por Odebrecht, en complicidad con sus socios peruanos –entre quienes destaca José Graña Miró Quesada, principal accionista individual de El Comercio–, corresponde al episodio llamado “el acuerdo secreto” suscrito entre el Estado peruano y la constructora brasileña.
Pacto infame que suscribieron dos compinches llamados José Domingo Pérez Gómez y Rafael Ernesto Vela Barba. Para más señas, fiscales del Perú. Estos, amparados en el secretismo abyecto, indigno y depravado que solo utilizan los delincuentes de alta especialización, aprovecharon la cortina de humo extendida por la citada mafia mediática para narcotizar a toda la sociedad con fake news que favorecían a Odebrecht, sus consorciadas y la propia prensa corrompida del Perú.
Tanto que metieron dentro de un mismo saco la indulgencia absoluta, secreta y eterna de todas las condenas, cargos y demás castigos que le correspondían a Odebrecht, así como a Graña y Montero y demás consorciadas nacionales, culpables del colosal robo a treinta y tres millones de peruanos. Esto ocurrió gracias al “acuerdo secreto” pactado con Odebrecht a espaldas del Perú por los cuestionados fiscales.
De nada sirvieron las ediciones completas de este periódico, impresas a lo largo de varios años, demandando el ‘deslacrado’ del pacto de marras, para que la ciudadanía conozca y valide –o repudie– su contenido. Sin embargo, Pérez, Vela, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el capo de toda aquella mafia, Gustavo Gorriti; en general, toda aquella camorra delincuencial que, por intermedio de estos cabecillas, se ha apoderado de la Fiscalía –y a través de ella, de buena parte del Estado– hicieron caso omiso a la Justicia, perseverando en ejecutar el pacto secreto con Odebrecht.
Esto implicó la extinción de todos los procesos judiciales; en consecuencia, la liberación de todas las penas y, por supuesto, que Odebrecht se quede con las decenas de miles de millones de dólares que le robó al Perú. De todo esto, y bastante más, son culpables Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, amparados por un pacto secreto. Acuerdo infame que, en el acto, la Corte Suprema debe obligar su deslacrado y conocimiento por el país, para evitar sospechas de connivencia alguna. ¡El país lo demanda!
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