¡Dinamitando la estabilidad fiscal!

La teoría marxista interpreta diversos aspectos del pensamiento comunista como metodología para alcanzar su propósito. Según los fundamentos marxistas, la lucha de clases es el motor de la historia. Uno de ellos estriba en agudizar las diferencias, para generar el caos y erigir un régimen totalitario. Karl Marx, como Friedrich Engels, argumentaban que el conflicto entre la burguesía (los propietarios de los medios de producción) y el proletariado (los trabajadores) era inevitable y necesario para lograr una sociedad “más justa y sin clases”. Por eso, ciertos regímenes —que reivindican el marxismo— han usado esta exacerbación de las diferencias sociales como exitosa estrategia política para consolidar el poder.
Algunas interpretaciones sostienen que la polarización social necesita ser aplicada para justificar medidas radicales y para eliminar a los opositores políticos, ya que el caos y la crisis económica pueden ser aprovechados para implementar un control estatal más estricto —como la concentración del poder en cualquier sociedad— para darle finalmente “solución” a todos los choques sociales.
Es evidente que el pensamiento marxista-socialista tiene significativa influencia en diversas bancadas del actual Congreso peruano, aunque su voto varíe de acuerdo a la composición y a las alianzas estratégicas del momento. La bancada Socialista la integran seis congresistas; todos ellos representan una postura alineada al ideario marxista; además, existen partidos como Perú Libre, del marxista-leninista Vladimir Cerrón, del cual forman —o han formado— parte Pedro Castillo como Dina Boluarte; y/o hay cofradías como Cambio Democrático o Juntos por el Perú, que promueven iniciativas de carácter comunista o socialista en cuanto a redistribución económica, derechos laborales y/o regulación estatal se refiere. Estas opciones marxistas hoy festejan que la mayoría congresal haya aprobado una norma que reduce el IGV y, consecuentemente, resquebraja la solidez económica del Perú, colocándonos en un umbral de franca preocupación.
Porque esa ley, amable lector, apunta a destruir la fortaleza fiscal que ha mantenido disciplinadamente estable la economía peruana desde finales del siglo pasado. Es decir, la mayoría congresal ha sido capaz de aprobarla no obstante ser consciente de que, a partir de 2026, reduce el IGV del 16 % al 14 % “como parte de una reforma para —(sic)— fortalecer la descentralización fiscal y aumentar los fondos destinados a los municipios”. La medida —como explicaba ayer EXPRESO— ha generado una honda intranquilidad, porque apunta a que el Estado peruano perderá alrededor de S/10 000 millones anuales en recaudación fiscal. Lo esquizofrénico es que el Ejecutivo anunció su respaldo a la ley y “espera promulgarla muy pronto”. Claro que con un ministro de Economía como este tal Raúl Pérez Reyes, cualquier barbaridad puede ocurrir. Sin embargo, concluía el relato de EXPRESO, “los especialistas demandan que el MEF presente una acción de inconstitucionalidad para evitar semejante perjuicio presupuestal”, ad portas de unas elecciones de vértigo.
El marxismo acaba de anotarse un éxito con la aprobación de esa norma que servirá de fundamento para las izquierdas que amenazan “hacerse del voto ciudadano por las buenas o las malas”, y así agudizar las contradicciones e imponer, finalmente, el comunismo en nuestra nación.

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