Deuda pública total y deuda pública neta

Según el MEF, el total de la deuda pública a fines del mes de junio llegó a los 345 mil 556 millones de soles, equivalentes al 33% del PBI. El nivel de deuda como porcentaje del PBI de junio es similar al nivel de deuda de meses anteriores. Todo ello a pesar de que el déficit fiscal como porcentaje del PBI en los últimos meses ha estado alrededor del 3.9%. En esta entrega tratamos de explicar esta aparente paradoja.

Según el BCRP, la deuda pública total se define como los pasivos reconocidos por el sector público frente al resto de la economía y el mundo pendientes de pago, generados por operaciones del sector público en el pasado e incluye la deuda interna y externa, así como la de largo y corto plazo.

Por su parte, la deuda pública neta resta los activos financieros que el gobierno tiene del monto total de la deuda bruta. Los activos financieros que se restan incluyen los activos de los diferentes fondos como el fondo de estabilización fiscal, los depósitos a la vista y a plazo del sector público en el sistema bancario y el Banco Central y otros activos.

En el Gráfico 1 se presenta la evolución trimestral de la Deuda Pública Total y la Deuda Pública Neta como porcentaje del PBI para el periodo IT-1999 – IIT-2024. Para evitar estacionalidades se ha tomado el promedio móvil de los últimos 4 trimestres.

BONANZA FINANCIERA

Durante los años de bonanza financiera, la deuda total descendió a menos de 20% del PBI mientras que la deuda neta se redujo prácticamente a cero (2014). La tendencia descendente de la deuda pública durante el periodo 2003 a 2012 nos permitió lograr el ansiado “grado de inversión” por parte de las calificadoras de riesgo país. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido a partir de 2014, coincidiendo con el inicio de políticas fiscales expansivas de los gobiernos de Humala y sus sucesores.

La diferencia entre la deuda pública total y la deuda pública neta corresponde a los activos financieros del gobierno de libre disponibilidad para enfrentar desastres naturales o crisis financieras imprevisibles. Observamos que en épocas de bonanza de los precios de los minerales el país ha llegado a tener 18% del PBI de activos de reserva para enfrentar cualquier contingencia. Durante la pandemia se recurrió al uso de estas reservas, reduciéndose la brecha de 18% del PBI a menos de 10%.

Sin embargo, una vez superada la emergencia, el gobierno, a pesar de tener precios de los minerales favorables, no ha podido restablecer las reservas que solía tener en años previos a la pandemia. En el Gráfico 2 se presenta la evolución de estas reservas de libre disponibilidad como porcentaje del PBI para el periodo IT-1999 – IIT-2024. Observamos que a partir de 2015 las reservas vienen sufriendo un sostenido deterioro.

DEUDA PÚBLICA

Salvo una pequeña recuperación en 2022, producto del aumento significativo de los precios de los minerales, las reservas se han venido reduciendo como consecuencia de su utilización para mayor gasto corriente. Esta situación se ha agudizado en lo que va de este año.

Para evitar aumentar la deuda pública total y así poder cumplir con los compromisos impuestos por la regla fiscal en el Marco Macroeconómico Mensual (MMM), que nos obliga a reducir el nivel de deuda pública total a menos de 30% del PBI, el gobierno viene recurriendo a la utilización de las reservas de libre disponibilidad.

Como consecuencia, los niveles de deuda como porcentaje del PBI se mantienen alrededor del 33%, pero a costa de que la brecha con la deuda neta se reduzca.

Todo ello ocurre como consecuencia del elevado déficit fiscal, que este año se encuentra alrededor del 3.9%. El gobierno, en lugar de reducir drásticamente el gasto corriente superfluo, viene introduciendo ajustes antitécnicos en el IGV y recurriendo a amnistías tributarias de dudosos resultados. Por otro lado, el Congreso no cesa en su afán de introducir medidas populistas que reducen la base tributaria y limitan la recuperación de la recaudación.

SERVICIOS DIGITALES

En el caso del IGV a los servicios digitales, si bien era necesario eliminar la exoneración a la que venían siendo sujetos los servicios digitales como se viene realizando en otros países, la decisión de hacerlo a través de retenciones por cuenta del sistema bancario es desacertada. Una vez más, la SUNAT evade su responsabilidad de realizar la recaudación directamente y le pasa la responsabilidad al contribuyente, en este caso el sistema bancario. Una solución más apropiada hubiese sido llegar a un acuerdo de cooperación de cumplimiento con las empresas no domiciliadas para la recaudación del IGV, como se hace en los países europeos.

Por el lado de la amnistía tributaria anunciada por el ministro Arista, su efectividad dependerá de los términos en que se plantee la amnistía. Una significativa fuga de capitales se ha realizado durante los últimos años como consecuencia de la elección de Pedro Castillo y la falta de confianza en las políticas del gobierno. Sin un claro mensaje a los contribuyentes sobre el tratamiento de los montos repatriados y de las facilidades de pago de las deudas tributarias vencidas, la amnistía tributaria tendrá efectos limitados, como ocurrió con la última amnistía decretada durante el gobierno de PPK. Las autoridades tienen la palabra.

(El contenido de esta columna se puede consultar en Predice Perú)

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