¡Desraticemos el Estado!

El 8 de octubre último denunciamos en esta columna: “El acertado periodista Carlos Paredes tiene pruebas de cómo filtra informaciones privilegiadas a la prensa la fiscal Marita Barreto, siguiendo la pauta de sus colegas Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Sucio ‘trabajo’, también conocido por viejos zorros pecaminosos del Ministerio Público como Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Evidentemente, la Fiscalía de la Nación del Perú atraviesa por un momento de severísima corrupción y descomposición interna donde, extrañamente, manda un sujeto peligroso para la estabilidad jurídica, política y social del país, como es Gustavo Gorriti, ligado a una ONG extranjera con ínfulas de todopoderosa operadora, capaz de poner y sacar fiscales de acuerdo a las necesidades del momento. ¿Su objetivo? ¡Que el Ministerio Público siga actuando mal, como ahora! Evidentemente, aquello acarrea un inmenso riesgo para la administración de justicia.” Y manteníamos nuestra preocupación porque el Ministerio Público no adoptaba acciones ante este quebranto a la ley.
Sin embargo, ayer, con justa razón, EXPRESO manifestaba: “Por fin hay autoridad de control en la Fiscalía de la Nación”, y precisaba en su titular: “Fiscalía debe nombrar nuevo Coordinador del grupo EFICCOP”, refiriéndose a que —finalmente— la Autoridad de Control de ese ente, presidido por Antonio Fernández Jerí, ha suspendido por 6 meses a la fiscal Marita Barreto, encargada nada menos que de coordinar el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). Barreto arrastra claramente un pasado que merecería denominarse, más bien, prontuario.
Hoy Barreto viene siendo investigada preliminarmente, tras constatarse ciertos presuntos delitos de “revelación indebida de la identidad de un testigo protegido, además de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.” Aunque los antecedentes de esta fiscal van más allá. Según la citada información de EXPRESO, “existe una investigación penal en curso sobre la delación de identidad del informante a la Policía en un caso de corrupción, que es el periodista Carlos Paredes, de Willax. Al respecto, la disposición de la fiscal suprema Delia Espinoza sostiene que Marita Barreto habría suministrado información al citado periodista sobre la investigación que involucra al congresista Guillermo Bermejo. La hipótesis de la fiscalía destaca que, al revelar dicho material confidencial, se habrían puesto en riesgo las identidades de potenciales colaboradores clave.”
Finalmente, en nuestro comentario de ayer precisábamos que “si aspiramos a rescatar al Perú del totalitarismo corrupto de Sendero Luminoso, la primerísima batalla que debemos emprender dentro de esta colosal cruzada —para que el país retorne a ser el faro democrático que todos aspiramos— es erradicar el terrorismo del Estado”, refiriéndonos a aquello que practican los caviares tras haberse apoderado de las principales instituciones estatales abocadas a impartir justicia. Fundamentalmente el propio Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia; desde donde los peruanos vienen siendo víctimas —hace décadas— de una intolerable opresión, que contiene todos los visos de constituir un clarísimo ejemplo de terrorismo de Estado.
Necesitamos desratizar el Estado, como venimos sosteniendo, de esta mafia caviar que persiste en gobernar sin tener el voto mayoritario del pueblo.

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