Desquiciamiento institucional…

Una población cede derechos para que una estructura general le garantice el respeto de los que le atañen para conservar una vida común en paz y con seguridad, bajo reglas que deben interpretarse adecuadamente para aplicarse con justicia a cada quien en cada circunstancia prevista por aquellas. Esas reglas, convertidas en normas jurídicas válidamente producidas bajo un marco de constitucionalidad, se dirigen, unas a la población, marcándole la ruta de licitud en la que puede desenvolverse con total libertad, otras también destinadas a prevenir a la población sobre toda infracción que ameritará sanciones que incluyen la privación de libertad o pérdida patrimonial y hasta limitaciones familiares. La finalidad última es imponer el respeto mutuo en deberes y derechos. Sin embargo, es necesario erradicar la arbitrariedad, con cuyo objeto se crean normas que establecen con precisión y, generalmente de manera taxativa, las atribuciones y potestades de todo aquel que ejerza poder estatal, a quienes se les sanciona en caso de infracciones y abusos con penas más severas que al común de la gente. En este escenario se producen relaciones que se llaman jurídicas porque surgen del involucramiento en las normas del Derecho, tanto entre individuos, entre estos y corporaciones, entre los particulares y el Estado, y entre los que se relacionan en las funciones estatales. Las relaciones humanas, intencionales o no intencionales, surgen en función de intereses que cada quien trata de satisfacer hacia el logro de su proyecto existencial, y aquí surge la necesidad de la gran tarea pacificadora de aquellos que tienen el alto encargo de resolver los conflictos cuando alguien ve frustradas sus aspiraciones legítimas por actos o hechos antijurídicos o por mala fe en los negocios, apareciendo en toda su magnitud lo que conocemos como sistema de justicia. La relación entre los generadores de normas jurídicas generales desde el Legislativo, con las que produce el que administra la riqueza pública para crear condiciones de desarrollo para toda la población prestándole buenos y eficaces servicios públicos, y la actividad para interpretar relaciones y decidir la aplicación de las normas pertinentes para solucionar cualquier conflicto es más que evidente. Esa integralidad coherente de acción estatal solo puede lograrse con instituciones sólidas, con visión de Estado, con conocimiento poblacional pleno a través de la historia, sociología, antropología, economía y cultura, con alta dosis de psicología social y con honradez plena, porque la justicia no se alcanza únicamente conociendo y aplicando normas procesales o el contenido de códigos sin una profunda contrastación con la realidad que regulan. La tragedia peruana es que toda la estructura estatal e institucional está fragmentada y metida en una confrontación de tierra arrasada, en la cual ha desaparecido para ella el interés general de la población y la lucha se ha centrado en el control del poder. Veremos hasta cuándo la población pueda soportar una situación tan majadera como esta.

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