Desconfianza en la cuestión de confianza

La nueva amenaza de Vizcarra de plantear una “cuestión de confianza” por la aprobación de sus proyectos de ley de reforma judicial, de inocultables fines de cooptación de la administración de justicia, viene a remover las costras de las heridas aún no cicatrizadas por sus bravatas recientes amenazando con el cierre del Congreso.

Mientras el Gobierno arremete contra los congresistas, los divide con sentencia de cuestionable interpretación constitucional, y promueve investigaciones fiscales que los han puesto en el candelero de la persecución gubernamental, les exige que le aprueben sus proyectos de ley como él quiere, sin cambios ni murmuraciones, evidenciando una maquiavélica estrategia de control inconstitucional de los poderes públicos a la usanza montesinista.

Un gobierno que desde su inicio pidió facultades legislativas, las cuales le fueron otorgadas por el Congreso, reincidió en pedir nuevas facultades legislativas bajo la batuta de Vizcarra, sumando dos años en que el Ejecutivo concentró las funciones ejecutivas y legislativas, convirtiendo al Gobierno en una peligrosa organización dictatorial en que se han aprobado múltiples decretos legislativos destinados a someter a la nación a un gobierno extranjero, aplicando todos sus dictados y políticas de sujeción del Perú al Gobierno Mundial, con el engaño del desarrollo y el iluso objetivo de entrar al Club de París.

Para colmo han legislado en modo “perversión”, por cuanto sin escrúpulo alguno han aprobado decretos legislativos para impedir ser fiscalizados y para garantizar la impunidad de sus actos de corrupción y los de sus socios, asegurando la continuidad del gran negocio del Club de la Construcción, con obras ad infinitum que los peruanos tendremos que pagar a Odebrecht, OAS y sus poderosas consorciadas, una de las cuales Graña y Montero tiene la suerte de haber tenido de apoderado a Martín Vizcarra.

Un gobierno que viene haciendo todo esto no es digno de confianza, por tanto su planteamiento de “cuestión de confianza” por un paquete de leyes que no se aprueba como éste quiere, nos produce razonable desconfianza y debería motivar que los congresistas se dejen de jugar al gato y al ratón y le pongan el cascabel al gato, esto es, someterlo a un examen de constitucionalidad de sus actos de gobierno, determinar las infracciones y proceder a imponerle la destitución que la Constitución establece.

Y esto no está sujeto a la voluntad de los congresistas, sino que es un mandato constitucional que deben cumplir.