¡Desclasifiquen el infame pacto secreto con Odebrecht!

La megacorrupción desatada a raíz de la voracidad de gente como José Graña Miró Quesada, el exmandamás de Graña y Montero (que ahora opera bajo otro nombre), ha creado un maremoto social de características catastróficas en este país. Incontable cantidad de políticos, empresarios, asesores legales, periodistas, ganapanes, y asimismo jueces y fiscales, hoy están involucrados en la mayor estafa perpetrada contra esta nación. Es más, hasta hoy aún no han sido suficientemente identificados todos los delincuentes implicados en tamaño atentado. Recién esta semana han sido condenados el expresidente Alejandro Toledo y uno que otro funcionario público, sin exigirles pago indemnizatorio alguno. Esto, por culpa de los jueces, fiscales y demás operadores de la Justicia del Perú. Asimismo, poderosos estudios de abogados, asesores financieros, periodistas, etc., han estado dedicados a guardarle las espaldas a aquella comunidad de delincuentes que lo ha estafado a usted, amable lector, junto a otros treinta y tres millones de peruanos. Son muchos los culpables de semejante latrocinio quienes, moral, cívica y económicamente, debieran pagar con cárcel su alícuota criminal ante semejante crimen contra el pueblo. Entre ellos está la gavilla de facinerosos dueños de aquella prensa paramentada (El Comercio, La República y canales 2, 4, 5, 8), que se comporta como cómplice de Odebrecht y sus socios peruanos. Esa prensa pretende menospreciar a los medios periodísticos que reclamamos justicia contra los Graña, coludidos con fiscales despreciables. Nos referimos al sospechoso Vela Barba y a su par, el miserable Domingo Pérez, quienes, aprovechando un “pacto secreto” suscrito por ambos sujetos sospechosos, siguen escondiendo demasiadas irregularidades perpetradas en claro perjuicio de millones de peruanos.
Por cierto, mientras continúe manteniéndose oculto bajo siete llaves el mencionado “pacto secreto”, el escándalo llamado Lava Jato no podrá ser descifrado por poder judicial alguno. Por lo demás, resulta espeluznante que tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial exijan mantener escondido el infame “pacto secreto” firmado por Vela Barba y Pérez Gómez con la corruptora Odebrecht. Sin duda, ello permite que los jueces y los fiscales involucrados en esta atroz pesadilla nacional acaben llenándose los bolsillos sin necesidad de rendir cuentas al Estado. Pregunta: ¿de quién depende que este convenio de marras siga escondido bajo siete llaves? Otrosí: ¿Acaso no existe autoridad superior, como el poder Legislativo, que vía aquellos recursos que les franquean la Constitución y las leyes, pueda ordenar la apertura de lo que aparenta, sin serlo, ser un secreto de Estado? ¿Tan incapaces somos los peruanos que no podemos exigirles a los legisladores, por quienes hemos votado, que ordenen desclasificar este “secreto de Estado” que esconde la fórmula para saber quiénes son culpables del citado robo del siglo? Necesitamos que el sistema de justicia procese y condene a los culpables; y, vía indemnizaciones, ordene recuperar las decenas de miles de millones de dólares robados al país por estos malandrines.
La presidenta Dina Boluarte recuperará credibilidad demandando al Legislativo que solvente este escándalo que embarga al Estado. ¡NO hacerlo la convertiría en cómplice de este asalto a la nación!

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