Derechos sin atajos

En la ventanilla del ministerio, Gustavo por fin sonríe. Tras años de contratos CAS que lo trataban como trabajador de segunda, hoy sabe que recibirá su gratificación completa y la CTS al 100%. Su alegría es genuina, y debería ser la nuestra también: ningún peruano que cumpla con su trabajo merece ser discriminado por el tipo de contrato que firmó. El Estado, más que nadie, debe ser ejemplo de respeto a los derechos laborales tal como le exige a todos los privados.
Que se celebre este logro no significa ignorar las preguntas que laten detrás. Porque la discusión de fondo no debe ser cuánto cuesta reconocer la gratificación o la CTS —eso es justicia elemental—, sino si tenemos a los trabajadores que el país necesita en la cantidad y calidad correctas.
El verdadero debate no está en los beneficios, sino en la forma en que se ha llenado la planilla pública durante años para pagar favores políticos: ¿cuántos fueron contratados por mérito y necesidad del servicio, y cuántos por una simple cuota política?
El régimen CAS se prolongó dieciocho años como un parche que justificaba precariedad. Miles de personas sostuvieron oficinas, colegios y hospitales bajo reglas temporales que nunca acababan, y cuando sucedía se iban sin un centavo de respaldo. Hoy que se reconocen sus derechos, el espejo se vuelve incómodo: el problema no era el trabajador, sino el sistema que lo usaba como ficha intercambiable de acuerdo al humor del político de turno.
Y eso nos obliga a mirar más allá del alivio inmediato: ¿qué tipo de Estado hemos construido? Hemos aprendido a normalizar que el aparato público crezca al ritmo de la presión política y no de las necesidades reales del ciudadano. ¿El resultado? Una factura grande y aún más grande la insatisfacción del ciudadano cuando debe hacer un trámite. Así contamos con ventanillas saturadas, expedientes que lentamente avanzan, aulas sin maestros suficientes o postas sin médicos que muestran que no basta con pagar bien: hace falta contratar mejor.
El respeto a los derechos no está en discusión; lo que sí debemos discutir es cómo aseguramos que cada puesto en la administración pública responda a un servicio concreto, útil y bien ejecutado. No se trata solo de sumar beneficios, sino de recuperar calidad del servicio civil.
Un Estado que respeta a su trabajador pero al mismo tiempo se exige eficiencia manda un mensaje doblemente potente: justicia y responsabilidad. El problema no es el derecho laboral —ese debe cumplirse siempre—, sino el desorden que permite que la política convierta al empleo público en botín y no en servicio.
La historia de Gustavo debería dejarnos una enseñanza: ningún derecho llega demasiado temprano, pero cada derecho exige responsabilidad de ambos lados. Los trabajadores deben recibir lo que les corresponde, y el Estado debe garantizar que cada contratación responda a una misión clara. Solo así lograremos que la fila en la ventanilla no sea símbolo de frustración, sino de un país que aprendió a hacer bien las cosas desde adentro.

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