Derecho e Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) se encontraría en la denominada Cuarta Revolución Industrial, la cual no enfoca su atención en la producción masiva de bienes y servicios, sino en abarcar diversas actividades cotidianas, de tal forma que ha invadido rápidamente todas las esferas de la vida humana, pública y privada. Se le suele definir como el conjunto de técnicas, algoritmos y herramientas que permiten resolver problemas de diversa índole y que constituyen un desafío para la mente humana.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk (2023), planteaba como interrogante: ¿Dónde deben situarse los límites a la inteligencia artificial y a las tecnologías emergentes? Al respecto, señaló que estas deben centrarse en el ser humano, advirtiendo los riesgos. Por ejemplo, cómo el uso de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal para predecir futuros comportamientos criminales ha demostrado que se apuntala la discriminación y se debilitan derechos como la presunción de inocencia.
Sus implicancias en el Derecho son diversas y tienen lugar en todos los campos. El uso de la inteligencia artificial para el acceso al mercado laboral puede también generar discriminación, pues el análisis de datos puede estar encaminado a seleccionar a determinado tipo de personas con ciertas características en torno al origen, religión, nivel de ingresos, educación, etc. También tiene implicancias en la libertad de expresión, específicamente en cuanto al derecho a estar informado, pues, a través de ella, las noticias son cada vez más personalizadas y pueden ser tergiversadas, dado que responden a las preferencias del consumidor o usuario.
En el quehacer jurídico se han ubicado diversos puntos en los que ya tiene aplicación, como ocurre con el análisis de documentos legales, donde permite identificar los aspectos más relevantes de la doctrina y la jurisprudencia. Algo similar sucede con la generación automática de documentos, estructurando formularios, con la generación de memorandos e informes y con el pronóstico de casos judiciales combinando información. En algunos países ya se usan programas para predecir el riesgo criminal de reincidentes con el fin de reducir errores en las decisiones de prisión preventiva o para la selección de acciones a ser conocidas por sus máximos tribunales.
Es innegable que la inteligencia artificial facilita el trabajo humano, simplifica procesos y los hace más eficientes en cuanto al tiempo y recursos utilizados; pero también puede representar una amenaza a derechos como los que se han mencionado.
Ante los nuevos escenarios que plantea su uso y el riesgo de deshumanización, se plantea la creación de un nuevo derecho fundamental: el de control humano de la IA y, también, la necesidad de regulación y responsabilidad para sus desarrolladores. Ese parece ser el camino para que la IA no trastoque la naturaleza y el fin principal del Derecho: el ser humano.

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