Denuncien el pacto de San José y apliquen la pena de muerte
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha anunciado ayer que ha llegado el momento de iniciar el debate nacional para la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Siendo que el tema, a mi juicio, está agotado, el momento más bien debe ser para anunciar, aunque tardíamente, la decisión soberana del Estado peruano, de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos del que hasta ahora somos Estado Parte. Los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte son ampliamente conocidos y mientras sigamos debatiendo, seguirán muriendo mujeres, niñas y niños, principalmente, víctimas del ultraje de los violadores sexuales. Esta desgraciada realidad que se ve hasta en todos los rincones del país, debemos acabarla de raíz, y para hacerlo de manera democrática y constitucional, corresponderá que el gobierno del Perú, envíe una comunicación al secretario general de la Organización de los Estados Americanos – OEA, dando aviso de la referida decisión peruana, conforme el artículo 78 del ya citado instrumento panamericano, que exige dar cuenta del denominado pre aviso, con un año de anticipación. Lo anterior significa que, por ejemplo, si el Perú decidiera salir del Pacto de San José el día de hoy, miércoles 11 de diciembre, quedará expedito al día siguiente de cumplido el año del referido pre aviso, esto es, el 12 de diciembre de 2025, para aplicar de manera soberana y unilateral, y sin restricciones de ninguna clase, la pena capital para los terroristas, tal como ya está establecido en el artículo 140 de la propia Constitución Política del Perú de 1993, y en adición, para los violadores de menores de edad que fallecen por el ultraje, que fue mi propuesta inicial, hace ya varios años, a la que progresivamente podrán incorporarse otros delitos como extorsión, sicariato y corrupción. Surgirán las voces de siempre que dicen que la pena de muerte no soluciona nada, que no disuade y que la corriente internacional es hacia su abolición. Si acaso no se implanta la pena de muerte, nos vamos a anarquizar en un país donde la barbarie sigue ganando terreno. La autoridad nacional deberá mostrar carácter para no arrugar en la medida de Estado. Para aquellos que sostienen que podría terminar aplicándose la pena de muerte a inocentes, quisiera recordar que no existe justicia infalible, ni siquiera en el país más desarrollado del mundo. Para no quedarnos sin supranacionalidad, reitero mi propuesta sustentada en el seno del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2022, es decir, de contar con una Corte de Derechos Humanos en el marco de la Comunidad Andina. Basta de perder más tiempo. Decídanlo con convicción de Estado y con la Constitución en la mano, pues se trata de un anhelo y una necesidad de la inmensa mayoría de peruanos.
(*) Excanciller del Perú e Internacionalista
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