Demagogia de Castillo sobre monopolios y oligopolios

Luego de ir a Huancayo -varios fallecidos después- con miles de policías y militares, en una reunión en la cual a pesar de filtrar dirigentes Castillo recibió duras críticas en el marco del Consejo de Ministros descentralizado que realizaron allí, uno de los productos presentados al Perú por el Ejecutivo es el proyecto de ley que prohíbe los monopolios y los oligopolios.

Veo que el mismo es mayoritariamente innecesario por un lado y por el otro muy peligroso. La Constitución ya limita a los oligopolios y prohíbe los monopolios establecidos por ley o por concertación.

¿Qué se hará con los monopolios naturales o los oligopolios que nacen no de concertación sino por características del mercado? ¿Qué se haría por ejemplo con Sedapal que bajo esta ley estaría prohibida? ¿No se menciona los monopsonios? En el tema lácteo uno de los problemas en ciertas zonas es que hay más bien un solo comprador.

No se ha pensado acerca de los procesos vía licitación por ejemplo en los cuales se compite “por el mercado”. Es una medida antitécnica que no ha pasado por el Ministerio de Economía. ¿Va a permitir el ministro que esto se discuta sin emitir opinión? ¿Está de acuerdo? ¿Existe?
¿Cómo se van a controlar y cómo se van a distinguir estos fenómenos? En teoría económica lo que se condena es el abuso de posición de dominio, no su existencia per se.

Para estos menesteres más bien hay que fortalecer Indecopi, que está a la deriva y liderado por Palacín. Ir por la ruta de Torres y Castillo de prohibirlos enunciativamente para luego, al constatar que no hay oferta privada, se diga como paso inmediato: “entonces el Estado tiene que intervenir para asegurar la competencia”.

Esto sería el siguiente cambio constitucional que propondrían. ¿Vamos a permitir un intervencionismo estatal más allá del rol subsidiario del Estado en manos de gente neófita, hiper ignorante y ultra corrupta? Sería un auténtico desastre.

Arriesgarnos a alentar este despropósito sólo porque “les vamos a dar un golpe a los grandes grupos económicos” es irresponsable. Hay que ponerles límites sin duda a dichos intereses y confrontarlos con decisión, pero sin demagogias mayúsculas. Para todo ello no hace falta cambiar el art. 61 de la Constitución.

Si estos cambios constitucionales fueran la ruta para avanzar entonces hubiésemos tenido que hacerlo en el gobierno 2006-2011 que tuvo muchísimos mejores indicadores sociales y económicos que esta última década perdida. Hay que ponerle la lupa a Indecopi y fortalecer el rol regulador del Estado.

Debo decir también que la intención del Gobierno es que discutamos sobre esto y que la protesta social en el interior del país se reoriente hacia confrontar a “los ricos empresarios” y al “Congreso defensor de monopolios”. No hay que colaborar a caer en esa trampa tan elemental que busca ocultar la ignorancia y falta de capacidad del Ejecutivo en general y de Castillo en particular.

No sería justo terminar este artículo para Expreso sin mencionar lo errático del Parlamento nacional al extender el alcance de la exoneración del IGV al lomo fino entre otras exquisiteses que no forman parte de la canasta básica de las mayorías populares. Con ello le dan más argumentos a la dupla Castillo/Torres para seguir cargando contra el primer poder del Estado. Pésima conducción de la acciopopulista Alva, presidenta del Congreso.

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