Delito de activación indebida de SIM card o línea móvil

Las nuevas tecnologías son utilizadas para la comisión de diversos delitos que afectan bienes valiosos individuales (como el libre desenvolvimiento, la intimidad, el honor, la imagen o el patrimonio) y colectivos (como el orden económico o la seguridad pública), lo cual ha dado lugar a una intervención punitiva especializada con un crecimiento acelerado. Ello representa nuevos desafíos para los operadores de justicia y exige una revisión de algunas reglas tradicionales del Derecho Penal, por ejemplo, lo relacionado con el lugar y el momento de comisión del delito o los alcances extraterritoriales de la ley penal.
Mediante la Ley N.º 32451 se establecen modificaciones a la Ley de delitos informáticos y al Código Penal. Dicha norma se encuentra vigente desde el 1 de octubre de 2025 e incorpora en el artículo 9-A el delito de activación indebida de SIM card o de línea móvil. Se sanciona la activación de una línea móvil sin el consentimiento del titular o la utilización de información falsa. La sanción prevista es de cuatro a ocho años de pena privativa de libertad; además de la inhabilitación para ejercer una profesión, comercio, arte o industria, en cuenta propia o de terceros, de acuerdo con la vinculación con el delito atribuido.
Este delito informático da lugar a una forma de fraude que afecta significativamente la seguridad personal y financiera. Quienes ejecutan este delito suelen obtener indebidamente datos del titular para proceder a la activación (phishing, robo de identidad o compra de información en mercados negros digitales). Las consecuencias para las víctimas suelen ser graves. Pueden incluir cargos indebidos por servicios no contratados, problemas de crédito debido a facturas impagas asociadas a la línea fraudulenta y exposición a riesgos de seguridad como el acceso no autorizado a información personal o suplantación de identidad. Además, la víctima enfrenta dificultades para demostrar su inocencia en los supuestos de uso indebido y resolver los problemas derivados del fraude.
Este comportamiento es considerado en muchos países como un delito cibernético y se realizan esfuerzos de prevención importantes, especialmente por parte de las empresas de telecomunicaciones, quienes implementan medidas de seguridad como la verificación de identidad para la activación de líneas, monitoreo de actividades sospechosas, así como realizar campañas de concienciación sobre esta práctica y sus riesgos. Los usuarios también pueden adoptar medidas para protegerse, como mantener seguros sus datos personales, estar alerta ante intentos de phishing o estafas, y revisar periódicamente sus facturas y estados de cuenta para detectar alguna anomalía.
El Derecho Penal es uno de los medios para reducir la incidencia de este delito y proteger a los ciudadanos en el entorno digital, pero debe acompañarse de medidas preventivas y la cooperación entre distintos actores. La concienciación y la adopción de prácticas seguras por los ciudadanos son esenciales para enfrentar estos riesgos en un mundo cada vez más conectado.

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