Delicada declaración en España sobre afirmación del presidente Vizcarra
Ninguna importancia le han dado la prensa y los “opinólogos” locales a una referencia, en la edición digital de un medio nacional, a las declaraciones del señor Antonio Llardén Carratalá, presidente de la española Enagás, relacionada a una conversación sostenida en Madrid, en febrero pasado, con el presidente Martín Vizcarra respecto a los reclamos del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP).
El señor Llardén, según el diario español El Economista, en la Junta General de Accionistas de Enagas llevada a cabo el 29 de marzo pasado, manifestó: “tuve ocasión de hablar directamente con el Presidente de la República (Martín Vizcarra), exponerle nuestros intereses en Perú, exponerle la situación que tenemos y el Jefe de Estado tomó mucho interés en ese tema y se comprometió a ver cómo lo podíamos solucionar”.
¿Cómo el señor Vizcarra puede hacer un ofrecimiento de esta naturaleza en un conflicto entre Enagás y el Estado Peruano que se está ventilando desde julio del año pasado en un proceso arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)? Se entiende que se está comprometiendo a hacer una negociación extra arbitraje.
El reclamo de Enagás es por el 25% del Valor Contable Neto de los bienes del Gasoducto Sur Peruano que, según ellos, asciende a 511 millones de dólares (MMUS$). Si éste prospera, y es lo más probable por la extraña actuación del gobierno peruano, el derecho será extensivo a los socios de Enagás en el CGSP: Odebrecht Latinvest SA (ODBL), que tenía el 55% de participación, y Graña y Montero SA (G&M), que contaba con el 20% del capital del accionariado, que obtendrían 1,124 MMUS$ y 408 MMUS$, respectivamente.
Dos hechos gravísimos que competen al mandatario: 1) la renovación del contrato de la administradora de los bienes del GSP, que se realizó mediante decreto supremo en mayo pasado agravando la posición peruana en el arbitraje, y que vence en un mes, y 2) el acuerdo en trámite entre Odebrecht y el Estado donde la empresa se compromete a pagar 200 MMUS$ en 15 años por los actos ilícitos cometidos, mientras nos pueden cobrar en el arbitraje 1,124 MMUS$. ¿En ese contexto el señor Vizcarra ofrece una solución?
