Del régimen económico
El Título III de nuestra carta fundamental, dedicado al régimen económico, constituye una sección clave que refleja la visión del Estado respecto a la estructura económica, el manejo de los recursos naturales, la propiedad, el régimen tributario y presupuestal, así como la política monetaria y bancaria; este conjunto de normativas no solo establece las bases para la gestión económica del país, sino que también revela una profunda interacción entre principios filosóficos, compromisos políticos y obligaciones jurídicas que se enmarcan dentro de una tradición constitucional específica y el contexto de los tratados internacionales de protección a los derechos humanos. A continuación, un breve recorrido por los capítulos que componen este título:
I. Principios Generales: Reflejan una búsqueda de equilibrio entre la libertad de mercado y la intervención del Estado para garantizar el bienestar colectivo. Esta dualidad conceptual se enraíza en una larga tradición de pensamiento económico y político, que va desde las ideas de Adam Smith hasta las propuestas de Keynes y más allá. La Constitución de 1933 ya establecía bases para un orden económico orientado hacia la protección de la propiedad privada y la promoción de la inversión, mientras que la Constitución de 1979 introdujo elementos de planificación económica y control estatal, reflejando las tendencias globales de la época.
II. Del Ambiente y los Recursos Naturales: La consagración constitucional de la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales responde a una conciencia creciente sobre la importancia de la ecología y la responsabilidad intergeneracional. La inclusión de estos temas en el marco constitucional no solo es un reconocimiento de su relevancia para la sostenibilidad económica y social, sino también una respuesta a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esta sección refleja un cambio paradigmático hacia la concepción de los recursos naturales como bienes que deben ser protegidos y aprovechados de manera responsable, en línea con principios de justicia ambiental y equidad.
III. De la Propiedad: El tratamiento constitucional de la propiedad es fundamental para entender la estructura económica y social de un país. En el caso peruano, la Constitución establece un marco que reconoce la propiedad privada, pero también contempla la función social de esta y la posibilidad de expropiación por motivo de seguridad nacional o necesidad pública, debidamente indemnizada. Este enfoque evidencia la influencia de teorías jurídicas y filosóficas que buscan conciliar los derechos individuales con las necesidades colectivas, en un esfuerzo por garantizar una distribución más equitativa de los recursos y promover el desarrollo sostenible.
IV. Del Régimen Tributario y Presupuestal: La estructuración del régimen tributario y presupuestal refleja las prioridades del Estado en la asignación de recursos y la redistribución de la riqueza. La Constitución peruana establece principios de equidad y eficiencia en la recaudación tributaria, así como transparencia y responsabilidad en la gestión presupuestal. Este marco normativo está diseñado para promover la justicia fiscal y asegurar que los recursos del Estado se utilicen en la promoción del bienestar general, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
V. De la Moneda y la Banca: La regulación constitucional de la política monetaria y bancaria es crucial para la estabilidad económica y el desarrollo. La Constitución delinea un sistema en el que el Banco Central tiene un rol preponderante en la preservación de la estabilidad monetaria, separándolo de las presiones políticas y asegurando una gestión técnica y profesional. Este enfoque subraya la importancia de la confianza en las instituciones financieras y la moneda nacional como pilares para el crecimiento económico y la integración en el sistema financiero internacional.
El régimen económico de la Constitución Política del Perú representa más que un conjunto de normas sobre la gestión económica; es un reflejo de los valores, principios y aspiraciones de la sociedad peruana; este marco constitucional busca equilibrar las libertades económicas con la responsabilidad social y ambiental, en un esfuerzo por construir un modelo de desarrollo que sea sostenible, justo y capaz de garantizar el bienestar de todas las personas. La tarea de interpretar y aplicar este régimen económico exige una comprensión profunda de sus fundamentos filosófico-político-jurídicos, así como una apreciación clara de los desafíos contemporáneos y futuros; sólo mediante un enfoque que integre estas dimensiones será posible avanzar hacia un desarrollo que no solo sea económicamente viable, sino también socialmente justo y ambientalmente sostenible, en línea con los compromisos del Perú tanto a nivel nacional como internacional.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
