¿Deben los derechos humanos proteger a los peores criminales?

El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, conmemorando la adopción en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, este año su celebración se produce en un contexto donde surge el debate sobre cómo equilibrar la protección de estos derechos con la necesidad de justicia y seguridad, especialmente en casos de delitos graves como terrorismo, extorsión, secuestro y violación de menores. Muchas personas consideran injusto que quienes han violado los derechos de otros de manera tan flagrante puedan beneficiarse de protecciones legales. Este sentimiento se agrava cuando estas garantías parecen ser utilizadas para eludir castigos severos, prolongar procesos judiciales o evitar la pena de muerte.
En Perú, la pena de muerte está limitada por la Constitución y tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que prohíbe su aplicación salvo en casos excepcionales. En países como Estados Unidos, China o algunas naciones del Medio Oriente, la pena de muerte coexiste con los derechos humanos debido a interpretaciones específicas de instrumentos internacionales y particularidades culturales, políticas y legales de cada nación.
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su Artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida”, no prohíbe explícitamente la pena de muerte. Algunos países argumentan que la pena de muerte, cuando se aplica bajo estrictos procedimientos legales y para los “delitos más graves”, no contraviene estos principios. Esta interpretación se apoya en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
La principal barrera para implementar o ampliar la pena de muerte en Perú es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el país es signatario. Para aplicar la pena de muerte en casos como violaciones o asesinatos de menores, Perú tendría que denunciar el tratado, lo cual tendría implicancias internacionales significativas, incluida la pérdida de credibilidad en el ámbito de derechos humanos.
Dado que han pasado varias décadas desde la firma del Pacto de San José, es pertinente revaluar su aplicación en el contexto actual de Perú. Las circunstancias sociales y criminales han evolucionado, y es necesario considerar si las restricciones impuestas por el tratado siguen siendo adecuadas para enfrentar los desafíos contemporáneos.
Una revisión podría permitir a Perú adaptar sus políticas penales a la realidad actual, buscando interpretaciones que, sin contravenir el pacto, permitan la implementación de medidas más severas para delitos especialmente graves. Esto implicaría un análisis profundo y una posible renegociación de los términos del tratado, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales del país.
@sandrostapleton

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