De rodillas

El gobierno de Pedro Castillo, no contento con el desgobierno que generó este último año, ahora busca atomizar la autonomía de los funcionarios públicos de maneras muy diversas. Algunas veces utiliza el victimismo, otras veces la sutileza y muy recientemente la amenaza.

El objetivo de cualquier maniobra es el mismo, tomar instituciones independientes y poner de rodillas la voluntad de aquellos que tienen claro que las decisiones de un gobierno no deben afectar las políticas de Estado.

Así por ejemplo el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, no se le ha ocurrido mejor idea que amenazar a los funcionarios de INDECOPI, una institución autónoma, con acciones legales por resolver que la norma que prohíbe la tercerización laboral, una barrera burocrática, en vez de presentar su punto de vista o apelar ante las instancias del regulador.

Al ministro no le importan los derechos laborales, si no que los usa para conseguir más adeptos a sus causas y para lo que está contratado: promocionar el empleo. Solo el 30% de los trabajadores acceden a un empleo formal. La norma de tercerización podría dejar sin sustento a más de 20 mil personas.

Si el Ministerio de Trabajo insiste en la norma ¿cuál es su plan para que esas familias mantengan sus ingresos? No lo dice, pero sí sigue insistiendo que tercerización es lo mismo que intermediación, sin explicar la sutileza que el primero es el servicio que no se da como parte del corazón del negocio y el segundo sí. Como Jorge Luis Cáceres, ex superintedente de SUNAFIL, nos comentó: allí es donde se debe supervisar, pero no se hace.

Pero lo que hace Salas no es ajeno a lo que pasa en el gobierno. El ministro de Economía, Kurt Burneo dijo que se “necesitaba mejor coordinación“ con el BCR, Ositran (el supervisor de la infraestructura en transporte de uso público) aún no tiene un presidente nombrado y la Fiscalía de la Nación debe abrir más unidades de flagrancia pero sin un solo presupuesto.

Lo que no ha medido el gobierno es que los ciudadanos están hartos. Así más de 60 comuneros de la comunidad de Quiulacocha, Cerro de Pasco, vinieron a protestar a Lima, frente a la sede principal del Ministerio de Energía y Minas, cansados de no recibir respuestas a sus demandas. Ellos necesitan que el Gobierno autorice el proyecto de reaprovechamiento de relaves del depósito de relaves de Quiulacocha, a cargo de la empresa Cerro de Pasco Resources, que identificaron como una oportunidad de tener puestos de trabajo y de paso eliminar de una manera definitiva el foco de contaminación ambiental en su territorio. ¿Qué han recibido como respuesta? La promesa que algún día verán el tema.

¿Qué futuro nos espera a los peruanos? Es la gran pregunta. Si los funcionarios que se atreven a tomar decisiones son amenazados públicamente con acciones legales, es un claro amedrentamiento para todo aquel que opine diferente al gobierno. El resultado es lo que vemos. La mejor defensa de los funcionarios es no hacer nada y prometer todo. Una lástima.

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