De raza le viene al galgo
Kuczynski, hoy en prisión domiciliaria, puso a Vizcarra en su plancha presidencial por afán demagógico de incluir a un provinciano. La versión la dio Carlos Bruce, entonces mano derecha de la campaña de PPK. En 2015, Kuczynski era plenamente consciente de sus arrumacos con Odebrecht. Ya en junio de ese año, supo que agentes federales de la policía brasileña arrestaron a Marcelo Odebrecht, presidente de dicha compañía constructora; y asimismo a Otavio Marques, presidente de su par, Andrade Gutierrez. Incluso en diciembre de ese mismo año PPK supo que Brasil ordenó encarcelar a Lula y, en abril de 2017, conoció que EEUU multó con US$2’600,000 a Odebrecht por usar bancos norteamericanos para sifonear ene billones de dólares por sobornos.
De modo que desde meses antes del rush electoral de fines de 2016 Kuczynski era consciente de peligro que implicaría para él el caso Lava Jato. ¡Aún una vez investido gobernante! Pese a ello siguió adelante, imperturbable, apoyado en la plancha de marras por aquel NN moqueguano incorporado a última hora para “mestizar” su candidatura. Vizcarra sin duda debió investigar con quien se aliaba. Salvo que el arribismo lo llevara a unirse hasta con satán. En ambas tesituras, Vizcarra asumió una responsabilidad que lo puso como afín a un ahora imputado por megacorrupción. Pero además, ha usado aquella afinidad para sentarse en el poder, perpetrar un golpe de Estado, cerrar el Parlamento y gobernar –en la práctica- autocráticamente. Esto, dada la letal elección que propició y cuyo resultado es este Legislativo que no legisla, no investiga y no censura -a pesar de que la mayoría de sus integrantes coincidió en que el incalificable premier y todos los ministros están gobernándonos con los pies- haciéndose así responsables del gran desastre sanitario y la quiebra económica nacional a la que están conduciendo al país.
A ello obedece el título de esta columna. Porque, sabedor del adagio “mira con quien andas y te diré quien eres”, Vizcarra no vaciló al validar y ejecutar obras contaminadas de corrupción -como el aeródromo Chinchero- convirtiéndose automáticamente en secuaz de un régimen compasivo con esta gangrena nacional. Pero lo que asimismo hizo Vizcarra fue usar el Estado para cerrar filas con Kuczynski colocando a dos alfiles suyos en la fiscalía para “investigar” el affaire Lava Jato. El resultado: un pacto secreto sellado entre dichos fiscales y la corrompedora Odebrecht, mediante el cual el Perú le condonó todo delito a la constructora, a sus directivos y representantes, a cambio de una delación de su ejecutivo Barata. Delación ahora cuestionada. Porque recién se conoce que Barata acusó sólo a quienes le interesaba imputar a su empresa. No así a quienes, en rigor, cometieron el asalto al Estado peruano. La prueba de que Barata acusó a quienes Odebrecht le ordenó hacerlo es que habría recibido US$8’500,000 de dicha compañía para que proceda como vil “delator premiado”, corrompiendo el pacto con la Fiscalía. ¡Pero este pacto traidor al Perú -defendido por Vizcarra- continúa vigente! Por tanto, semejante atentado criminal necesita ser investigado, anulado y sancionado.
