De impulsores a críticos del ‘caviarismo’
Por años, Augusto Álvarez Rodrich y Juan Carlos Tafur ocuparon posiciones centrales dentro del establishment mediático que avaló la narrativa del llamado sector "caviar” en la política peruana. Hoy, ambos periodistas reculan, se distancian del sector que ayudaron a construir y coinciden en denunciar su captura de instituciones clave como la Fiscalía y el Poder Judicial, que ahora operan —afirman ellos— como instrumentos de persecución política vía fiscales politizados y procesos judiciales sesgados.
En Perú, el término “caviar” tiene significados en el plano político, económico y social, pero también se ha aplicado a una élite progresista de izquierda —a veces autodenominada de "centro"— que habría utilizado su influencia ideológica y mediática para acallar opositores, aplicar una justicia selectiva y posicionarse como "autoridad moral" frente al país. ONGs como IDL y figuras como G. Gorriti han sido señaladas como nodos clave en esta red, promoviendo investigaciones judiciales orientadas por intereses ideológicos y contra enemigos políticos incómodos. La red además habría tenido un brazo policial ejecutor e intimidatorio.
Tafur denuncia haber sido víctima de una “venganza” tras investigar irregularidades de fiscales, mientras Rodrich advierte que el Ministerio Público y el Poder Judicial operan como actores políticos, afectando la legitimidad institucional y la confianza ciudadana. Ambos periodistas describen un sistema de “lawfare caviar”, donde la justicia se convierte en arma política.
No es casual que esta dinámica institucional esté reforzada por un bloque mediático igualmente selectivo. Cierta prensa caviar se ha mostrado indignada ante casos de corrupción de adversarios políticos, pero guarda silencio —o los minimiza— cuando se trata de sus aliados ideológicos. La impunidad en casos emblemáticos como los de Martín Vizcarra, Nadine Heredia, Susana Villarán o las redes ligadas a Odebrecht y otras "empresas" mercantilistas son tratados con guantes de seda o directamente invisibilizados. Esta asimetría informativa contribuye al blindaje politizado e ideológico de la élite caviar y debilita el escrutinio público plural.
De impulsores a críticos: tanto Tafur como Rodrich estuvieron, en distintos momentos, evidentemente vinculados a esta élite progresista. Tafur admite haber simpatizado con valores caviares, pero hoy denuncia su deriva clientelar y su complicidad con gestiones como la de Pedro Castillo. Rodrich también ha virado, criticando la desesperación de este sector por mantener cuotas de poder y su reincidencia en prácticas que antes repudiaba.
Ambos han realizado una suerte de autocrítica pública: reconocen que la fuerza "caviar" —al que pertenecieron o del que fueron cercanos— ha cruzado líneas rojas en su afán de influencia, manipulando la justicia, instancias ministeriales, etc., y montando desde ahí un inescrupuloso juego de poder. Su giro revela la erosión del caviarismo infiltrado en puntos específicos de ciertas instituciones clave en el Perú.
Como hemos señalado en otras oportunidades, el asunto de fondo al que nos referimos aquí no trata de hacer propaganda o activismo a favor o en contra de unos u otros, de tirios o troyanos en la actual dinámica política peruana. Se trata de reconocer que mucha de la política real —y hasta subterránea— que se hace en el país avanza y se determina por sectores y condiciones que han ido asegurando impunidades selectivas evidentes. Esto es un elemento importante e ineludible para entender y prever los tensos escenarios políticos y los condicionantes que vendrán. Hace rato que fue hora de mirar el panorama completo, sobre todo en el actuar de una Fiscalía convertida ya en una especie de "Partido Político Fiscal". ¿A quiénes buscan favorecer, incluso electoralmente, con una serie de obvios entreveros calculados? Pronto se verá.
La campaña presidencial ya está en desarrollo en Perú. Habrá oportunidad el 2026 —a través del voto— de renovar la degradada legitimidad política tanto del Congreso como del Ejecutivo. La pregunta aquí es cómo se hará para remover la politización que ha dañado la legitimidad de ciertas instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Rodrich y Tafur también se han sumado a las exigencias de diversos sectores, sobre una profunda y técnica reforma de todo el sistema de justicia nacional.
Mientras ello no suceda, no debe sorprender cómo se intenta, otra vez, instrumentalizar los espacios fiscales y judiciales (en nexo con inescrupulosos exministros operadores y expolicías experimentados en el seguimiento, el hackeo y el "chuponeo"), jugando en pared con las presiones "periodísticas" también selectivas, con fines políticos.
El "caviarismo" es, entonces, una variable política operativa e inevitable en el diagnóstico coyuntural y a todos los plazos. En esa dimensión, los diversos comentarios, los análisis políticos y las evaluaciones "politológicas" no podrán dejar de lado o invisibilizar estos factores de lucha y competencia que dan forma caprichosa, pero no menos central, al sistema de conflictos nacional, a la situación de poder y a las "sorpresivas" encuestas y resultados electorales.
