¿Cura de silencio?
Extraño que la defensa legal de la hoy destituida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a resultas del ucase de la Junta Nacional de Justicia JNJ que la defenestró sin fundamentos, no haya recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para que decida el destino de quien tuviera el coraje y la capacidad profesional de salvar a la patria evitando que caiga en el chabacano extremo de los totalitarismos, tras arriesgarse a investigar, denunciar y encarcelar al golpista, ágrafo y corrupto Pedro Castillo aquel 7 de diciembre de 2022.
Recientemente, el sólido extribuno Ernesto Álvarez Miranda planteaba –en declaraciones a este periódico– la posibilidad –o más bien la necesidad, consideramos desde esta columna– de que los abogados de la ex Fiscal Benavides presenten un recurso de Amparo ante el poder Judicial, que sería derivado en consulta al Tribunal Constitucional para, finalmente, llegar a ese máximo Tribunal vía un recurso de agravio. El propósito es que el TC no sólo analice esos hechos, insiste el letrado Álvarez Miranda, sino el fondo del asunto respecto a la interpretación de su legalidad y, asimismo, el debido respeto, a los derechos fundamentales configurados a lo largo del procedimiento. Y desde allí, según el extribuno, los abogados de Benavides podrían alegar que en la JNJ no se respetó el debido proceso. Coincide con Álvarez Miranda otro diestro hombre de leyes, como Ángel Delgado Silva.
Sin embargo, desde aquel golpe bajo infligido por la JNJ –acordando por mayoría la defenestración de la ahora ex Fiscal de la Nación Benavides, por razones más que cuestionables y groseramente políticas– la defensa de la ex Fiscal no da señas de vida, sembrando un manto de dudas que no se condice con la trayectoria profesional y personal de Patricia Benavides, a quien se le ha llegado a escuchar decir “yo no daré por perdida esta guerra, y buscaré regresar como Fiscal de la Nación”, anticipando que, inclusive, llevará este proceso “a instancias internacionales”. Aunque, previamente necesita agotar los trámites locales, entre los que están los que proponen los jurisconsultos Álvarez Miranda y Delgado Silva.
La situación actual del Ministerio Público es alarmante. Los caviares lo han convertido en sucursal de la organización criminal que ellos lideran, para apropiarse del poder político chantajeando a los que se les opongan. Pretenden erigirse como autoridad empoderada por el pueblo, en vista –dicen– de su corrección política, realidad más falsa que patada de serpiente. El Perú no puede, ni debe, ni quiere seguir soportando una coyuntura tan falaz como aquella, que echa por tierra nuestro Estado de derecho.
Implacablemente, la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides debería continuar agotando todos los recursos legales y constitucionales a su disposición. El país demanda liberarse de la mafia caviar –que hace las veces de secuestradora del Ministerio Público– que transpira ínfulas de poder que transparentan su esencia totalitaria y corrupta; característica de sectores acostumbrados a vivir del secuestro del poder democrático, como vienen haciéndolo los caviares desde que, a comienzos de siglo, capturaron el Estado subyugando a Alejandro Toledo.
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