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¡Cuánto daño nos hacemos entre peruanos!
La protesta social es un derecho constitucional pero no absoluto, se deslegitima cuando se hace un ejercicio abusivo de éste y lamentablemente el permanente bloqueo de carreteras y caminos internos en varias provincias del país y reiterados paros por espacio de dos meses, al que se suma desde ayer jueves 9 la huelga nacional indefinida de la CGTP, exigiendo la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, han herido de muerte la economía de pequeños y medianos emprendedores que pese a estar endeudados hasta el cuello al sufrir la contracción de la economía del país a causa de la pandemia de la covid-19, sus esfuerzos por levantar cabeza han sido vanos, sus ingresos están en caída libre.
Para muestra un botón, en el Sur del Perú donde se concentra mayoritariamente el estallido social, la presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, otrora congresista y ministra de Estado, ha dado a conocer en conferencia de prensa que 450 mil micro y pequeñas empresas formales están al borde de la quiebra, lo que pondrá en la calle a 700 mil trabajadores al perder sus empleos a causa de los paros y protestas.
El enfado de los manifestantes es entendible, quieren hacerse escuchar, se sienten ninguneados por el Estado, a ellos no les llegó el llamado “Milagro peruano” del crecimiento económico de las últimas décadas, no les mejoró la vida; no obstante, su derecho a la protesta es tan legítimo como el derecho al trabajo, al libre tránsito y circulación por su país y a la paz, al desarrollo de su vida, todos son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución con igual jerarquía.
Es imprescindible que quienes protestan entiendan que medidas de lucha como el secuestro de carreteras y atentados contra negocios que quieren mantener la normalidad de sus actividades resultará un ‘boomerang’ que repercutirá contra sus propios pobladores al dejarlos sin capital y trabajo, condenándolos a la pobreza y extrema pobreza, porque por más salvataje que el Estado quiera darles para reflotar sus emprendimientos deberán pagarlo a la larga, son solo préstamos, no condonaciones de deudas ni donaciones, la factura a la larga la pagarán ellos. Al cierre de esta columna “6 regiones del país registran un total de 62 puntos con tránsito interrumpido”, información oficial de la Sutran. Entre tanto, el Congreso ahí, impasible, sin votar el adelanto de elecciones generales, el Perú colapsa, pero no es con ellos, ¡cuánto daño nos estamos haciendo entre peruanos!