Cuando el Estado enferma a sus asegurados
Octavo día de paro indefinido y la escena se repite: consultorios cerrados, colas interminables, pacientes que regresan a casa sin citas ni medicinas, familias llevando alimentos a hospitalizados porque no hay personal de nutrición. Recorremos policlínicos y hospitales de Lima y Callao y el guion es el mismo: atención raleada en consultorios clave, farmacias que entregan fármacos pero sin enfermería para aplicar inyecciones, debilitamiento de PADOMI y ausencia de Unidades Básicas de Atención Primaria. En paralelo, miles de trabajadores marchan al Congreso y exponen un pliego de reclamos que, guste o no, describe un sistema al borde del colapso.
La administración de EsSalud responde falsamente que la atención fue “casi normal” y que hubo más del 90 % de asistencia. Pero la realidad que reportan los asegurados es otra: citas que se entregan a tres o cuatro meses, cirugías que esperan más de un año y, cuando por fin hay fecha, los exámenes ya caducaron. Eso no es una anécdota: es una vulneración cotidiana del derecho a la salud.
No es nuevo. Durante años, EsSalud ha sido tratado —y así lo percibe la ciudadanía— como botín de los gobiernos de turno: rotaciones de autoridades, cuotas partidarias, compras que no se explican, improvisación en recursos humanos. Hoy, los gremios hablan de “corrupción e incapacidad de gestión”. Son denuncias graves que deben investigarse con rigor. Lo indiscutible es el saldo: 12,5 millones de asegurados atrapados entre una huelga que se radicaliza y una gestión que no responde con la celeridad que exige la emergencia.
Un editorial no puede ordenar una institución, pero sí puede exigir decisiones inmediatas y verificables. Aquí van seis medidas de urgencia y de fondo:
Mesa de crisis con plazos y responsables
En 72 horas, una mesa vinculante (EsSalud, Minsa, MEF, Trabajo y gremios) con acuerdos públicos: qué servicios se reponen, cuándo y con qué personal. Nada de comunicados vagos: metas medibles semana a semana.
Continuidad efectiva de servicios críticos
Emergencias, oncológicos, cardiológicos, materno-perinatales y diálisis no pueden parar. Plan de contingencia por sede, publicación diaria de atenciones realizadas y brechas pendientes.
Abastecimiento y logística bajo control
Inventario nacional en tiempo real, stock de seguridad de 90 días para medicamentos e insumos críticos, compras transparentes y auditoría concurrente de Contraloría en adquisiciones y tercerizaciones.
Gestión de citas con garantías
Plazos máximos: 30 días para primera consulta, 15 para control y 90 para cirugías electivas, con reprogramación automática y compensaciones si el sistema falla. Tablero público por hospital.
Meritocracia y blindaje institucional
Designación de autoridades por concurso público, periodos fijos y causales de remoción claras. Veeduría independiente (Colegios profesionales/academia) en nombramientos y comités de compra.
Rendición de cuentas y protección al denunciante
Auditoría forense a contratos y recursos humanos; publicación de hallazgos y sanciones. Canal seguro para denuncias con protección efectiva.
A las autoridades les toca elegir: o siguen administrando la crisis con comunicados y cifras que no calzan con lo que vive la gente, o se ponen del lado de los pacientes que hoy regresan a casa sin diagnóstico, sin tratamiento y sin esperanza. Al Congreso, que ya escuchó a los gremios, le corresponde fiscalizar con firmeza y legislar para blindar EsSalud de la captura política. Al Ejecutivo, garantizar que la mesa de crisis produzca resultados verificables de inmediato.
EsSalud no es un botín: es la red de seguridad de millones de peruanos que ya pagaron por un servicio que no reciben. Si el sistema se quiebra, no lo hará en abstracto: se quiebra en la sala de espera, en el pasillo de emergencia, frente a la puerta de un quirófano que no se abre. No hay derecho a mirar a otro lado. Es ahora.
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