Crisis y desinstitucionalización

Si bien desde el inicio del gobierno actual se ha estado vulnerando la poca institucionalidad de nuestro país, desde hace unos meses, este lamentable proceso se viene intensificando e incursionando en nuevos sectores. Este es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se está interfiriendo excesivamente y afectando el bien ganado prestigio de Torre Tagle en el exterior. Es que espectáculos como los que se han producido recientemente, primero con la renuncia de los embajadores designados en nuestra representación en Naciones Unidas (Manuel Rodríguez Cuadros) y la OEA (Harold Forsyth) en medio de lo que todo indica que era un operativo montado por el G2, para luego nombrar a un nuevo canciller, cuyas ideas colisionaban directamente con las que estaba siguiendo Torre Tagle y el Gobierno, y luego de 5 semanas lo retiran del cargo, aprobándose la reincorporación de Rodríguez Cuadros, Forsyth y de César Landa (canciller al que Rodríguez Mackay reemplazó) indudablemente afectan la imagen del país y del bien ganado prestigio de nuestra Cancillería. Y también se ha deteriorado mucho la PNP y otros sectores.
Si bien ya es conocido que a Pedro Castillo no le importa la imagen que proyecta él o el Gobierno; a partir del arresto de su hija/cuñada Yenifer Paredes, y al comprobar que el círculo de la justicia lo va acorralando cada vez más, el mandatario ha reaccionado interfiriendo, cada vez más torpemente, con las investigaciones de la Fiscalía. Sin percatarse de que con estas acciones desesperadas le está ofreciendo más evidencias al Ministerio Público en su propósito de demostrar que Castillo obstaculiza la justicia. En este sentido no hay que olvidar que Marita Barreto, jefa del equipo especial que investiga al mandatario y a su entorno, ha mencionado: “El presidente está abusando de su poder para intervenir en una investigación” (por lo que) “Estamos evaluando una acción constitucional para proteger la investigación”. En este sentido hay que tener en cuenta que la fiscal de la Nación puede solicitar a la presidenta del Poder Judicial la suspensión del presidente Castillo en el ejercicio de sus funciones, constituyéndose de esa manera en la única salida de la crisis actual sin la intervención del Legislativo.

Además, si tenemos en cuenta que en el futuro cercano las investigaciones de la fiscal Barreto aportarían mayores elementos de juicio sobre las diversas organizaciones criminales en las que participaría/dirigiría Pedro Castillo, y el hecho de que en los próximos meses, y en el 2023, la evolución de la economía peruana sería peor que la de este año (ya estamos viendo un pequeño avance con el crecimiento de solo 1.41% en julio). Esto generaría mayores movilizaciones sociales. Por lo que existe el peligro de que Castillo reaccione tratando de intervenir en el área económica. Y, como es sabido, si bien el Gobierno ha intervenido y deteriorado la institucionalidad de casi todo el sector público, no se ha atrevido a intervenir al Banco Central, el MEF, la Superintendencia de Bancos, etc. Además él sabe que en el momento en que coincidan la “vacancia legal con la vacancia económica” el fin ya estaría muy cerca.

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