¡Crisis! (I)
Me quedo con la acepción que el vocablo crisis tiene en nuestro idioma, referida a “situación mala o difícil”. El Perú está atravesando una crisis, no es la primera ni la más grave; pienso que la más grave fue la vivida en el curso de la década de los ochenta e inicios de la de los noventa cuando el terrorismo representado por las organizaciones criminales Sendero Luminoso y el MRTA, asociados oportunistamente al narcotráfico, atacaron a nuestra sociedad y le causaron alrededor de treinta mil muertos y miles de heridos (todos seres humanos con nombre y apellido e historia personal, no el invento de la mal llamada CVR que con irresponsabilidad, y quizás mala intención, duplicó las cifras con víctimas anónimas para atribuírselas a las Fuerzas del Orden), así como un estimado de cien mil millones de soles en pérdidas materiales públicas y privadas.
Desde que una dudosa elección, concretada en el primer semestre del año 2021, puso en el cargo de presidente de la República a la cara visible de una ya denunciada organización criminal, se intensificó sin pudor alguno el plan trazado décadas atrás por las bandas terroristas para neutralizar y revertir la sacrificada y eficiente respuesta que los peruanos de bien les habían dado al capturar al noventa por ciento de sus cabecillas e impedirles continuar con sus actos de terror.
Conforme a ese plan, falsos defensores de derechos humanos alquilados e incautos intelectuales y formadores de opinión, sobre todo activos en instituciones educativas (en las que desde el inicio se enquistó el adoctrinamiento extremista) acompañaron y le lavaron la cara al terror ante la inacción y pasividad de quienes en su momento reclamaban se ponga fin, incluso por cualquier medio, a la criminalidad terrorista.
Lograron reciclar a los criminales en la sociedad, volverlos a juzgar para tratarlos con blandura y hasta hacerlos pasar por víctimas y merecedores de reparaciones, que se persiga con alevosía y ventaja a quienes los habían combatido y, cómo no, aprovechar casos de lamentables excesos –que han ocurrido siempre en cualquier época y escenario de lucha contra la criminalidad- para desprestigiar a instituciones tutelares como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y hasta al gobierno -de los noventa- que promovió mayores éxitos en la lucha antiterrorista.
Instalado el gobierno de P. Castillo, todo disimulo quedó descartado. Así, se convocó a los más altos cargos ejecutivos a personajes probadamente vinculados a Sendero Luminoso y en un día se le dio registro sindical a activistas del terror que por años no lo habían podido conseguir.
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