Corrupción sistémica

Resulta sumamente difícil defender las decisiones de un Congreso manejado por impresentables y corruptos que, entre otras cosas, han manchado la legítima destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia removiendo selectivamente a sólo dos de ellos cuando las flagrantes violaciones constitucionales que habían cometido abarcan a toda esa fauna que ha defendido con uñas y dientes y tinterilladas sus muy bien rentados puestos y el poder que ejercen.

Pero la medida cautelar dispuesta por una sala de la Corte Superior para reponer a los dos magistrados defenestrados –más allá de sus farragosos argumentos– constituye un acto de corrupción que irrumpe en las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso y que muestra una vez más el grado de politización del Poder Judicial, por cierto impregnado de corrupción, abuso y abierta impunidad.

Lo que tenemos al frente se denomina corrupción sistémica que viene a ser una híper e incontrolable corrupción extendida a lo largo y a lo ancho del aparato estatal y en connivencia con elementos del sector privado o de lo que los caviares –que se han apoderado del término– denominan sociedad civil o sea esencialmente sus propias, mediatizadas y corruptas ONG.

Muy pocos de los actores actuales del sistema se libran de entrar en esta calificación por acción o por complicidad, todo ello combinado con esa osadía de la ignorancia que ha llevado, por ejemplo, a que un sector del Congreso plantee la vacancia de Dina Boluarte por el escándalo de los relojes sin investigación alguna y sustentándose en una denuncia periodística, cuando tuvo que ser vacada hace largas lunas por motivos de mucho mayor peso.

Y mientras el debate se centra en el escándalo de los relojes, el país sigue paralizado sin un plan de gobierno ni un equipo de trabajo eficiente y con un Presidente del Consejo de Ministros que mantiene el mismo Gabinete que su antecesor defenestrado por canjear favores sexuales por puestos o joyerías en el Estado, cuando debió irse apenas la Presidenta aclaró que el plan Boluarte de seguridad ciudadana, proclamado por su abogado Otárola, no existía.

La salvación del sistema democrático demanda medidas audaces y enérgicas que presentamos en el plan de gobierno de Perú Acción denominado “Mano de Hierro” que, entre sus diversas propuestas, plantea la creación del Consejo Nacional de Moral Pública (CNMP) como organismo autónomo, elegido por el pueblo cuyo principal objetivo inicial será botar a los corruptos del Estado peruano. ¡Medida indispensable!

(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz

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