Corrupción e impunidad en el Perú

Las organizaciones políticas peruanas han demostrado sus diferencias tras la decisión de suspensión de una investigación preliminar contra José Pedro Castillo Terrones por la inmunidad de la figura de jefe de Estado. Esta investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal quedará suspendida hasta que se concluya su mandato presidencial.

El precedente es una investigación de la Fiscalía de la Nación al expresidente Martín Vizcarra Cornejo (2018-2020) por presunta corrupción, que derivó en una denuncia constitucional cuando fue destituido por el Congreso.

La decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de no investigar al presidente izquierdista en el periodo que dure su mandato hizo que diversas fuerzas políticas critiquen su función, indicando que está malinterpretando el artículo 117° de la Constitución Política del Perú (https://tinyurl.com/ypshwh5j) en el cual se ampara para no seguir con la investigación de la licitación del consorcio Puente Tarata III, de la licitación para la adquisición de combustible de la empresa estatal Petroperú y por haber presionado para ascender a general a tres oficiales de su entorno.

Mediante el pronunciamiento N° 01/DP/2022 (https://tinyurl.com/2p8676f7), la Defensoría del Pueblo también se expresó respecto a la polémica decisión de la fiscal de la Nación e indicó que el artículo 117° de la Constitución Política, “no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento, que identifican a nuestro Estado de derecho como los principios de lucha contra la corrupción, de transparencia y de legalidad”.

Entretanto el Procurador General del Estado, Daniel Soria, señaló que, con base en las diversas interpretaciones existentes del artículo 117° de la Constitución Política, evaluará acudir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para obtener una interpretación segura y predecible. “Estamos evaluando qué caminos adicionales transitar por tratarse de un conflicto de interpretaciones constitucionales. Un llamado a solucionarlo es un juez constitucional que están en el Poder Judicial y en última instancia ante el Tribunal Constitucional”, expresó.

Debemos señalar que en el artículo “Inestabilidad política e indicios de presunta corrupción en el Perú” (https://tinyurl.com/ycksem7a) escribo sobre la política: “El procurador general explicó en el comunicado una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente también se encuentra inmerso en la conducta de ‘tráfico de influencias’ que se viene investigando en la Fiscalía. Por ello, Soria solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda”.

El presidente izquierdista Pedro Castillo se reunió consecutivamente con funcionarios del parlamento de Perú Libre (PL) en Palacio de Gobierno, luego de otra cita el viernes pasado en la que participó el sentenciado líder de la organización gobernante, Vladimir Cerrón.
Luchemos contra la corrupción del funcionario en el Perú.

(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.

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