Cooptación política del sistema de justicia
El consentimiento de lo malo, lo perverso, y la naturalización de la corrupción como parte de la realidad política e institucional del país, nos están llevando a aceptar la cooptación política de las instituciones del Estado llamadas a ser autónomas y a garantizar con su independencia el orden constitucional y la vida democrática de la nación.
Estamos llegando a creer que estamos obligados a aceptar la barbarie en el uso del poder y a someternos a leyes inconstitucionales, a medidas y políticas arbitrarias, y al uso de los fondos públicos en beneficio privilegiado de los que detentan el poder.
Aprueban leyes para beneficiarse a sí mismos en contra de los intereses y derechos de la nación**,** (coma añadida) han caído en un abuso del poder visiblemente liderado por congresistas que no fueron formados para vivir en democracia, sino para someterse a la verticalidad de instituciones castrenses, en que los dictados del poder priman sobre las tropas, siendo campo de cultivo de excesos y privilegios, en que el razonamiento que prima es el de quien tiene el mando.
El “Yo mando y nadie puede cuestionar lo que yo hago” pareciera haber calado en las mentes de un Congreso que parece ser comando conjunto de un ejército al servicio de la corrupción política de sus partidos.
Como el Poder Judicial y el Ministerio Público empezaron a limitar este abuso del poder, decidieron cooptarlos, apelando a la inhabilitación de fiscales supremos, amenazando así con seguir con los jueces supremos, y cambiando el sistema de elección de los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, llamándolo Junta Nacional de Justicia**,** (coma añadida) politizaron su elección, asegurando el nombramiento de personas con antecedentes de pertenencia político-partidaria y de logias secretas**,** (coma añadida) antes, por la indispensable neutralidad, causales de exclusión en los concursos del sistema judicial.
Han cooptado políticamente el sistema de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, con lo que se ha quebrado el orden constitucional, y les está permitiendo colocar en la guillotina a los magistrados que no se les sujetan, y reponer a los que, cometiendo graves delitos de pública probanza, fueron destituidos; dejando en el sistema judicial la percepción de ser un poder del Estado sin poder para defender el imperio de la Constitución y la ley, porque la corrupción política reina y les puede cortar la cabeza.
Tienen acorralada con ilegalidades y abuso del poder a la fiscal de la Nación, y se advierte que el poder que está detrás de la JNJ pretende separarla del cargo, para presionar su reemplazo (antes decía “remplazo”) por quien satisface las expectativas de impunidad de la corrupción política organizada.
Consentirlo nos hace cómplices.
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