Conveniente suicidio para Susana Villarán

El caso de la autoconfesa y corrupta Susana Villarán –quien no solo solicitó, sino recibió de Odebrecht US$11 millones, a cambio de prorrogar casi indefinidamente la concesión de los peajes a cargo del Municipio de Lima, operación que ella regentó mientras fue alcaldesa de la ciudad– no solo resulta indignante, sino condenable. Tanto por la complicidad de los fiscales Rafael Vela Barba y José Pérez Gómez, como por la connivencia de ambos con el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación. Porque este último, después de siete años de producido el delito, aún no inicia el proceso judicial del asalto a las arcas del citado consejo municipal, que incorpora delitos como lavado de activos, corrupción de funcionarios, organización criminal y malversación de alto calibre.
El juez Tamariz aún tiene pendiente el auto de enjuiciamiento oral correspondiente a un solo proceso –referido a 12 hechos– que incluyen acusaciones contra 18 personas naturales y 12 personas jurídicas, entre las cuales destacan Odebrecht, Lamsac, OAS, Rutas de Lima, JW Thompson, etc.
Lo dicho es suficiente para indignar a cualquiera. Porque el hecho de que la alcaldesa de Lima le haya robado a usted, amable lector, la parte proporcional de US$11 millones, revela la calaña de persona que es. Y encima, reaccionando con prepotencia y desdén, cuando se le increpa por su asalto al municipio limeño que ella conducía criminalmente “a nombre del pueblo”, como siempre vociferan los jerarcas socialistas.
Sin embargo, semejante crimen social y financiero no acaba allí. Indigna el mismísimo hecho de que, por más de siete años, Villarán la haya pasado bomba gozando de libertad, invadiendo terrenos del municipio de Lurín para construirse una terraza provista de piscina y demás lujos, entre otras excentricidades. ¡Todo con dinero robado al pueblo limeño! Porque esta prórroga sospechosa de siete años libres –que el juez Chávez Tamariz concedió a Villarán– le sirvió para ir desprendiéndose de testigos clave para el proceso que afrontará. Entre ellos Ana Elena Townsend, autoexiliada en Europa; Marisa Glave, escondida; etc.
Asimismo, extrañamente el domingo murió el exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez, alias ‘Budián’, colaborador eficaz de la Fiscalía, quien durante siete años vino denunciando ante la Fiscalía detalles del robo perpetrado por Villarán contra el concejo capitalino, en complicidad con Odebrecht. ‘Budián’ habría pedido a Odebrecht tres millones de dólares para que Villarán “no deje el sillón municipal”. Como colaborador eficaz, aportó información relevante sobre presuntos pagos ilícitos de Odebrecht y OAS –que superarían US$11 millones– para financiar la campaña ‘No a la revocatoria’ y también la reelección de Villarán.
Siendo fundamental su testimonio para el juicio oral contra la exalcaldesa, un “suicidio” tan extraño pudiera acabar con la posibilidad de que se esclarezca este peligrosamente retrasado proceso contra la socialista/corrupta Susana Villarán. Como colaborador eficaz, ‘Budián’ aportó información relevante sobre presuntos pagos ilícitos, tanto de Odebrecht como de OAS, para financiar las campañas ‘No a la revocatoria’ y ‘Sí por la reelección’ de Villarán.
¡Su testificación sí era indispensable para el juicio oral contra Susana Villarán!

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