Controlados por la corrupción
Cuando luchamos para derrocar a la dictadura fujimorista en los 90, consideramos que ese gobierno había caído en las peores formas de corrupción que habíamos conocido, apelando al control del “poder político” en todos los poderes públicos a fin de festinar los fondos del Estado; sin embargo, debemos reconocer que el gobierno PPK-Vizcarra lo ha superado larga y penosamente, pues rasgándose las vestiduras de falsa honestidad y simulando una periodística lucha anticorrupción, nos está imponiendo el control del “poder de la corrupción”, pues poder político no tienen, para implantar una dictadura mucho más perversa que nos está convirtiendo en colonia del Gobierno Mundial.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz con la empresa Odebrecht suscrito por el fiscal José Pérez Gómez y el procurador del Estado Jorge Ramírez Ramírez basado en el artículo 473-A del Código Procesal Penal, es ilegal por estar fuera de los alcances de dicha norma procesal referida a los acuerdos con los que se encuentran sometidos a un proceso penal o aún no, esto es en etapa de investigación, pero que conforme al artículo 472.2 abandonen sus actividades delictivas y no contradigan los hechos delictivos que se les imputan, presentándose al fiscal voluntariamente para proporcionar información eficaz, lo cual como se comprenderá se refiere a las personas naturales que son las que cometen los delitos, no las personas jurídicas como Odebrecht que pueden ser civilmente responsables por los delitos cometidos por sus representantes pero no autoras de estos y, por tanto, no pueden ser colaboradoras eficaces.
Ese acuerdo, por tanto ilegal, además se excede en las facultades del fiscal y del procurador al pretender obligar al Perú a contratar con una empresa que está prohibida de hacerlo por la Ley de Contrataciones del Estado, al tener juicios pendientes con este, es nulo por contener objeto ilícito, una norma civil que los firmantes peruanos conocen muy bien, por lo que su firma tiene connotación de delito, al contener además la lesión de obligarnos a los peruanos a pagar la indemnización con los pagos que debemos hacerle a Odebrecht los próximos 15 años.
El monto irrisorio de indemnización frente a los públicos y notorios daños patrimoniales y morales ocasionados a la nación, la selección injustificada de sólo cuatro casos para el aporte de información frente a 41 contratos irregulares, son solo la prueba de que el “poder de la corrupción” está controlando el país.
