Continúa el afán constituyente en Chile

Luego que el pueblo chileno, en la consulta popular del pasado domingo 4 de septiembre, rechazó por abrumadora mayoría el aceptar o confirmar el proyecto de nueva Constitución elaborado por la Convención Constituyente, cuyos 155 integrantes fueran elegidos por votación popular, un entusiasta promotor de la elaboración de una nueva Carta Política, el presidente Gabriel Boric, se comprometió a “impulsar un nuevo proceso constituyente en Chile”.

Y, agregó el presidente, “Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente”. “He hablado con el pueblo de Chile y lo he hecho en forma fuerte y clara. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado”. Para el efecto, citó a los presidentes del Congreso y a representantes de la sociedad civil a fin de que se apersonen al Palacio de La Moneda.

Es orientador e ilustrativo tomar en cuenta los antecedentes antes citados, por cuanto nos va a permitir calcular lo que se puede producir en el país vecino del sur. Pues, si los presidentes del Congreso representan a las agrupaciones partidarias que manejan el Senado y la Cámara de Diputados y que, porcentualmente, es el reflejo de lo que fuera la representatividad de los grupos políticos que, a su vez, tuvieron en sus manos la decisión de preparar el proyecto de Constitución que fuera rechazado, es natural que se insista en continuar con la pretensión de tener una nueva norma constitucional.

Con relación a ello, y si se toma en consideración que desde el año 2019, con la presión social que comenzó a desarrollarse, se logró acordar que Chile necesitaba una Carta Política que reemplace a la promovida por el general Pinochet, como gobernante de facto, así como el tiempo que se invirtió en obtener el proyecto de nueva norma fundamental, significa que luego de tres años la población chilena continúa a la espera que la autoridad gubernamental comience a dar luces para comenzar a atender o solucionar sus problemas de todos los días.
Pero, frente a ese panorama, y con la intención de que se promueva un nuevo proceso constituyente, ahora hay que sumarle, por lo menos, otros dos años, para que se concrete, y si es verdad que así lo sea, la existencia de una nueva Constitución. Es decir, el común de las personas en la sociedad chilena tendrá que continuar esperando, para que después de cinco años, atiendan sus requerimientos más prioritarios.

Como aviso de lo que pueda suceder en los próximos meses, la prensa internacional nos informa que una masiva protesta de escolares chilenos reclama por una mejor educación y, además, piden una asamblea constituyente. Al respecto, y en el supuesto caso de que una nueva Carta Política consigne en su texto el derecho de la población a tener una educación de calidad y que llene sus expectativas, se entiende que debe corresponder a la autoridad de gobierno hacer cumplir lo preceptuado; por lo tanto, me pregunto: ¿la calidad de la educación que se otorga debe estar prevista en la norma jurídica o, sin que lo precise la ley, es obligación del ente de gobierno preocuparse por ofrecer una educación de buena calidad?

Es evidente que la adecuada toma de decisiones gubernamentales no resulta solo de lo que señale la ley, sino que es el compromiso de quienes administran la cosa pública el de implementar las condiciones suficientes que permitan satisfacer las aspiraciones de la población.

Como lo he señalado en comentarios anteriores, y hoy lo comprobamos con lo que viene aconteciendo en Chile, los problemas nacionales, así como los regionales y locales, no necesariamente se resuelven con nuevas normas, sino con gestión de gobierno. Le corresponde a la autoridad tener la capacidad, con las normas que fuera elegida, de saber interpretarlas y aplicarlas, sin culpar al ordenamiento jurídico vigente como el obstáculo para desarrollar una responsable administración del Estado.

Esta experiencia que viene teniendo el pueblo chileno debe ser una fuente de inspiración que oriente el debate político en el Perú.

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