Constitucionalismo e interculturalidad

Desde la aparición de la corriente liberal, los derechos humanos se han concebido como atribuciones inherentes a la persona, cuyo respeto a su dignidad se convierte en el centro y fin de la actuación del Estado, cuyos compromisos con la sociedad se establecen en un “contrato social”.
En teoría, su ámbito de protección nos alcanza a todos los peruanos sin distinción, y el poder político estatal se despliega para garantizar nuestro desarrollo integral mediante nuestra participación activa y la promoción de nuestras capacidades en ejercicio de nuestra libertad con plena autonomía.
Sin embargo, la realidad nos dice que existen peruanos viviendo en las zonas más lejanas, lugares donde el Estado no está presente y solo se respira indiferencia. Ahí habitan nuestros pueblos indígenas que han sufrido el olvido por décadas y cuyas demandas resultan justas.
Por ejemplo, la titulación de sus tierras es parte de esta agenda pendiente que las autoridades locales y regionales administran privilegiando sus intereses, sin terminar de entender la trascendental vinculación que tienen con sus tierras. Mientras tanto, la corrupción se camufla en los procedimientos administrativos, en las ordenanzas municipales y en requisitos extraordinarios que terminan favoreciendo intereses ajenos a los de la comunidad.
El constitucionalismo de los derechos ha permitido que el ordenamiento jurídico interno se asimile a nuestra dimensión política y social, comprendiendo nuestras diversas realidades, tal como lo expresa la disposición constitucional que reconoce personería jurídica a las comunidades campesinas y nativas en nuestro país, además de establecer el respeto que el Estado tiene a su identidad cultural.
Sin embargo, en pleno siglo XXI, las comunidades aún reclaman estar presentes en la implementación de las políticas públicas que muchas veces se aplican sin observar las particularidades de la agenda indígena y, sobre todo, sin ser consultadas.
Lo expresado en la carta constitucional contrasta con la falta de adopción de ajustes como la contratación de intérpretes en lenguas originarias para los procesos judiciales, con la falta de atención pre y postnatal a las mujeres respetando sus creencias, así como con el poco acceso a oportunidades laborales en su territorio.
Pareciera que el principio de igualdad y de justicia, conforme están redactados en nuestra Constitución, no está pensado para los pueblos que viven con el constante miedo que produce la incertidumbre de no saber si alguna vez se les verá como iguales.
Es momento de repensar la ciudadanía, de revalorizar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra historia, y aprender de la resiliencia de nuestros hermanos indígenas.
Es una oportunidad valiosa para redefinir la democracia, la institucionalidad y el desarrollo económico.
En relación con este último, es importante fortalecer el liderazgo de las comunidades que tanto tiempo ha estado en manos de organizaciones internacionales que no las representan.
Los pueblos no rechazan el crecimiento económico en sus territorios, pero sí demandan respeto a su entorno y entendimiento de sus necesidades, que nada tiene que ver con izquierdas o derechas, sino con derechos.

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