Congreso y Fiscalía colapsan
El Congreso, únicamente mediante su Pleno, legisla y fiscaliza a los miembros de los 3 poderes del Estado e instituciones constitucionales.
Asimismo, con 87 votos mínimo, puede vacar al Presidente de la República y remover a miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
No pueden hacerlo ni la Comisión Permanente del Congreso y menos sus comisiones y subcomisiones ordinarias ni las especiales; pues, no son instancias resolutivas. Solo emiten informes o dictámenes.
El Ministerio Público o Fiscalía, es exclusivamente promotor de la acción judicial penal. Su jurisdicción es específica: persecución del delincuente y sanción justa. La Fiscalía no fiscaliza a los poderes del Estado ni a las instituciones constitucionales.
Desde el 2021, la Fiscalía se ha arrogado la fiscalización de los poderes del Estado y el Congreso se ha abocado a asumir, de facto, el gobierno de la Nación; es decir, están desnaturalizando al Perú convirtiéndolo en Estado de anti Derecho, violando la Constitución y alejándose del sistema de las Naciones Unidas, cuya Carta es obligatoria para el Perú como miembro de Naciones Unidas.
En estos momentos, Perú es objeto de denuncia formal por la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Significa que la situación del Perú es delicadísima y peor la situación del Congreso y de la Fiscalía.
El debilitamiento de ambos es extremo. Bastaría que hoy, miércoles 20 de setiembre, los 4 miembros de la JNJ citados a comparecer a la Subcomisión de acusación constitucional del Congreso no asistan , o el miércoles 27 tampoco comparezcan a la Fiscalía la Presidenta Boluarte y el Premier Otárola, y en otras fechas no lo hagan tampoco el Comandante en Jefe del Ejército, el ex Premier Pablo Angulo y otros ministros y generales del Ejército y la Policía que también están citados. ¿Serían detenidos ? Imposible.
De conformidad con el artículo 38 de la Constitución, es deber de los peruanos honrar al país; pero que los citados funcionarios concurran sería deshonrar al país y deshonrarse a sí mismos.
Si son sancionados, el Estado peruano devendría Estado de anti Derecho.
Habría suficiente razón para que la ONU nos aparte del FMI y del Banco Mundial, convirtiendo al Perú en país inelegible.
Significa que a su regreso, Boluarte tiene que restablecer plenamente el Estado de derecho conminando al JNE remplazar a los congresistas rebeldes por sus accesitarios.
Restablecimiento que facilita la Constitución, artículo 46 “ …Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
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