Congreso desacata fallo del Tribunal Constitucional
No sólo los congresistas, sino también los funcionarios, empleados y trabajadores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), que es el gremio dirigido por el eterno y reelegido secretario general Tulio Augusto Vizcarra Basto, han presentado una lista de trabajadores para que la Mesa Directiva saliente de Eduardo Salhuana lo apruebe haciendo tabla rasa a dispositivos legales.
La Mesa Directiva que preside José Jerí ha sido presionada para beneficiar a un grupo de trabajadores, quienes se encuentran en proceso judicial contra el Legislativo y así lograr su reposición, debido a nombramientos irregulares que fueron cancelados, pero que increíblemente siguen laborando, debido a que algunos jueces suplentes o supernumerarios les han dado cautelares, a pesar de que en el Poder Judicial existe un Acuerdo de Pleno Jurisdiccional en lo Laboral que establece el Expediente Huatuco N.º 05057-2013-PA/TC Junín como precedente vinculante en estos casos de reincorporación. El fallo sentencia que solo se debe permitir el reingreso de quienes cumplan con el requisito de haber ingresado con concurso público; sin embargo, hay cinco “beneficiados” que no lo cumplen.
Este hecho violatorio genera un perjuicio económico al Congreso, ya que no se trata de cualquier trabajador, sino de operadores políticos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y gente ligada al SITRACON de Vizcarra en el Legislativo.
Wilfredo Ponce de León Pandolfi, abogado fujimorista, fue nombrado irregularmente y separado al acudir, siendo asesor laboral en el Congreso, a una diligencia de allanamiento a un local de Fuerza Popular y viajar a Tarapoto para realizar acciones legales para su partido dentro de su jornada laboral.
Omar Moscaiza, de Fuerza Popular, fue nombrado irregularmente y, en el mandato de Salhuana, fue quien presidió la comisión para “investigar” los hechos en los que involucraron el asesinato de una extrabajadora del Congreso, y la investigación quedó en nada.
Marion Figueroa, de Alianza para el Progreso, es esposa del vicerrector de la Universidad César Vallejo, Heraclio Campana, y Sandro Coronado, cercanos a Vizcarra, que hoy se encuentra en el Congreso de la República con una medida cautelar y con el agravante de que este tiene ya una sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N.º 01106-2013-PA/TC Lima, en donde le niegan su reincorporación, y un juez suplente, desacatando el mandato del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, le otorgó una medida cautelar para su reingreso. Por ser cercano a Vizcarra, lo incluyen en esta repartija laboral, a pesar de que el Congreso, desde hace diez meses, ha estado separando a alrededor de 70 trabajadores con la misma pretensión, que al no cumplir con lo acordado por el Pleno Jurisdiccional en lo Laboral, perdieron sus cautelares y sus pretensiones de reingreso vía judicial, así como cerca de 200 trabajadores reincorporados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos esperan hace décadas que se cumpla con lo dictado.
Salhuana, al final de su mandato, según Acuerdo de Mesa N.º 225-2024-2025/MESA-CR, a pedido de Vizcarra, otorgó esta repartija para que Jerí la implemente, con la premisa de que la Oficina Legal y Constitucional previamente eleve un informe de “conformidad”.
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