Confrontaciones entre magistrados
El artículo 158° de la Constitución establece “que los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos las mismas obligaciones que los del Poder Judicial…” El 138ª que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo”. El 139º señala los principios y derechos de la función jurisdiccional en el Poder Judicial y el 159º las del Ministerio Público.
Se supone que los miembros de dichas Instituciones son titulados en la Ciencia del Derecho y que, por prestar sus servicios dependientes y subordinados en ellas, están obligados a respetar las normas legales y obviamente de guardar la debida jerarquía entre sus miembros. No obstante, constantemente los medios periodísticos informan de graves incongruencias legales en el actuar de “algunos” fiscales o jueces y hasta de sus confrontaciones.
Resulta ya inocultable la existencia de –por lo menos– la banda de los “Cuellos Blancos” en la que están involucrados muchos magistrados. Tampoco han podido silenciar en el Ministerio Público como se ha llevado realmente el “proceso Odebrecht” y hay afirmaciones que la “pareja de fiscales” que “se publicitan” aprovechando que están a cargo de esa investigación, protegen a esa empresa especializada en corromper a políticos, autoridades administrativas, judiciales y fiscales en varios países de América Latina.
La confrontación rebasa lo “legal” y se convierte en “política”. Simultáneamente en el Poder Judicial se dilatan los procesos penales que a pedido de fiscales se sigue contra connotados políticos y autoridades peruanas de los últimos 20 años, algunos de los cuales están con detención antes de iniciarse el juicio penal a cada uno o al conjunto de los integrantes que se les denomina “bandas criminales”.
El escándalo en el Perú ya no solamente es para los integrantes de esas “bandas” de “políticos” sino que se ha extendido a los investigadores de delitos y sus juzgadores. En ese contexto –que es real e inocultable– la ciudadanía ha perdido la fe, confianza y seguridad en las autoridades legislativas y ejecutivas que le han obligado a elegir en periódicos corsos electorales.
También la ha perdido en los administradores de justicia. Es inocultable el temor de acudir al Ministerio Público o al Poder Judicial en busca de justicia a un ciudadano. Las sentencias se expiden después de años de trajín de los justiciables. Si no, véase a los agraviados con el estelionato o el caso de los jubilados.
