Condenable intento de desmanejo de cuentas públicas
Con una gran irresponsabilidad y falacias desde el Ejecutivo se está intentando consumar un apoyo a Petroperu (PP) por 2,550 millones de dólares (MMUS$), entre capitalización de deuda, aumento de capital y garantías para endeudamiento. Expresada la cifra en soles a un tipo de cambio de 3.8 soles/dólar, asciende a 9,690 millones de soles (MMS/.), cantidad que sirve para hacer comparaciones que grafican lo que significa en el manejo del Estado.
La referencia de comparación es el Presupuesto General de la República 2024, que ha entrado en vigencia hace apenas 15 días, donde la pretensión de PP no está considerada, y que para satisfacer a la dupla estatista Boluarte-Vera, tanto el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, como el premier Alberto Otárola retroceden sin rubor alguno de sus afirmaciones sentenciosas del año pasado que, no habría ninguna transferencia adicional.
Los 9,690 MMS/ que se piensa otorgar, son superiores respecto a lo presupuestado para el 2024 en: 4% de los Programas Sociales, 10% de las pensiones estatales, 36% de Agricultura, 60% del sector Defensa y Seguridad Nacional, 193% de la Autoridad Nacional de Infraestructura, 296% del gasto de capital del Ministerio de Educación y 601% del gasto de capital del Ministerio de Salud.
Las cifras son elocuentes del impacto positivo que significaría si fuesen utilizados en los sectores mencionados, sobre todo en educación y salud, donde las carencias son significativas; o de los pensionistas que reciben montos ínfimos, por debajo del nivel que podría permitirles sobrellevar a una vejez digna.
Reitero mi extrañeza del desinterés de la clase política, y de la tibieza con la que los gremios empresariales se refieren al tema. En otros tiempos hubo líderes de empresas que enfrentaron con firmeza a medidas arbitrarias, como el caso de Raymundo Duharte, y César Alvarado, que desde la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería, se enfrentaron al gobierno militar en 1973, o de Ricardo Vega Llona, que en 1987 confrontó al gobierno aprista por la estatización de la banca.
Las circunstancias están dadas para una oposición enérgica porque estamos ante un intento de festinación de fondos públicos.
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