Concesiones y oportunismo

Fui lo más claro posible en el comentario plasmado la semana pasada en esta columna respecto al camino que debía tomar el gobierno sobre la minería informal. Subrayé lo positivo que fue determinar, después de mucho tiempo, la separación de la paja del trigo mediante la exclusión de más de 50,000 ilegales parapetados bajo la coraza de la informalidad o la extracción minera artesanal cuyo registro provisional (REINFO) estaba vencido hace varios años pero que le servía aún para el ejercicio trucho de la actividad. Añadí que, sin conocer qué pasaría con la solicitud de diálogo formulada al gobierno por los gremios representativos de los informales, lo juzgaba positivo siempre y cuando no haya vuelta atrás en las medidas adoptadas. (“Retroceder nunca”, EXPRESO 13 julio).
Pese a las reacciones primarias del Ejecutivo apuntalando este parecer, se accedió a dicho diálogo y se creó una mesa técnica responsable del proceso formalizador. Era de esperarse que la prioridad de esta mesa reposara sobre el destino de los 30,563 registrados aptos para obtener la ansiada legalización de sus tareas mineras. Sin embargo, en un gesto que devuelve las dudas en torno a la seriedad gubernamental para afrontar el espinoso tema, se ha vuelto a colocar la carreta delante de los bueyes creando una sub comisión que “revisará” el caso de los 50,000 excluidos.
Está medida distraerá los esfuerzos oficiales para la formalización y abre una gran interrogante respecto a si se logrará culminar el proceso el 31 de diciembre tal como se ofreció. El sendero correcto era permitir el reclamo administrativo que garantiza la ley por principio de doble instancia pero resolverlo sumariamente sabiendo que esos 50,000 carecen de asidero razonable para retomar la actividad extractiva. Más importantes son los admitidos.
Por otro lado, indigna que la temática de la minería informal reviva políticamente a personajes nefastos del tabladillo público como los es la señora Mirtha Vásquez, presidenta del consejo de ministros durante el no menos nefasto gobierno del golpista y corrupto Pedro Castillo Terrones.
En una conferencia de prensa ofrecida por un conjunto de ONG que se han caracterizado por boicotear el desarrollo minero del país, Vásquez (a nombre de GRUFIDES) se permitió opinar sobre el modelo de concesiones y por supuesto volvió a emprenderla contra las empresas mineras formales, responsables y sustentables. Sí, la misma señora que siendo servidora del régimen castillista hizo la vista gorda en torno al ataque terrorista a la unidad minera Apumayo (Ayacucho) y - con ignorancia supina o mala fe deliberada - planteó aplicar un programa de cierre de mina a dicha unidad.
Oportunismo puro. Cabe recordar que respecto a Vásquez existe un informe aprobado por la comisión de acusaciones constitucionales del Congreso mediante el cual se propone inhabilitarla de toda función publica por diez años. Ello debido a la realización de presuntos actos arbitrarios durante su gestión como presidenta interina del legislativo por aumentos remunerativos y designación irregular, a pocos días de terminar su gestión, de funciones a determinados trabajadores, sin la aprobación del Consejo Directivo.

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