Concertar para estabilizar el Perú

Ejecutivo y Legislativo han presentado proyectos de ley para disminuir al máximo el proceso de adelanto de elecciones, y se ha extendido la presente legislatura hasta el 31 de enero. Sin embargo, sería necesario extenderla únicamente hasta el 15 de enero y modificar el reglamento del Congreso para adelantar la primera legislatura del 2023 a inicios de febrero, para, de esta manera, tener aprobadas las reformas constitucionales para nuevas elecciones generales en dos legislaturas distintas a fines de febrero.

No deberíamos ignorar la Ley Orgánica de Elecciones, en la que se establece que son 270 días como mínimo lo que requiere un proceso electoral. Si la convocatoria fuera el primer día de marzo, debería considerarse por lo menos 220 días, de esta manera las elecciones generales (para 5 años) se realizarían en septiembre y la segunda vuelta no pasaría de octubre. Esto permitiría que se tenga a un presidente electo antes de culminar el 2023, quien podría juramentar el primero de enero de 2024.

Si bien es cierto se interrumpiría la vieja tradición de hacer coincidir las fiestas patrias con el cambio presidencial, permitiría generar un presupuesto acorde con el ejercicio de ese año, lo que traería más orden a la gestión pública y coincidiría también con los cambios de gobiernos regionales y municipales.

Vale recalcar que la sucesión presidencial no ha alterado el marco constitucional de las cinco sucesiones democráticas del siglo XXI: tres con un solo presidente (Toledo, García y Humala), una con cuatro presidentes (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti), y la actual, con dos presidentes (Castillo y Boluarte). Por lo tanto, se genera el espacio, ya expresado por la actual presidenta de la República desde su primer mensaje a la nación, de tener un gobierno de emergencia con concertación nacional, asegurando que buscaría el diálogo, el entendimiento y los consensos entre todos y para todos, sin exclusiones.

En este contexto, la Comisión de Constitución del Congreso de la República debería proponer al pleno el invitar al Acuerdo Nacional, para conformar una comisión de expertos en diferentes temas, elegidos por las organizaciones sociales, privadas y de trabajadores para que participen con voz, pero sin voto en los cambios constitucionales.

Uno de estos cambios debería ser el que el presidente del consejo de ministros, bajo su responsabilidad administrativa y penal, proponga al presidente, para ministros, a candidatos probos y con experiencia profesional en su sector. Así mismo, los ministros, con los mismos criterios, deben elegir a los viceministros y directores generales, quienes no deben tener antecedentes de corrupción con el Estado. También hay que considerar que el personal de confianza no debe ser mayor al 5%; en la actualidad, con leyes de menor jerarquía, se han incrementado hasta el 20%.

También es necesario fortalecer a los partidos políticos elevando la valla electoral a no menos del 10%, y a la vez impedir que los parlamentarios representen movimientos por los cuales no fueron electos. El comité ejecutivo nacional de cada partido debe ser responsable, ante el JNE, de la selección idónea de sus congresistas y de propuestas institucionales para funcionarios de confianza.

Se debe modificar la elección parlamentaria para que el 50% de los congresistas sean electos en primera vuelta y 50% en segunda vuelta para asegurar un mínimo de representación para quien gane las elecciones. Además, es necesario volver a la bicameralidad, para tener mejores leyes y un adecuado balance de poderes.

Considerando las manifestaciones que vienen enlutando al Perú, se requiere buscar lazos de comunicación con las recientes autoridades regionales y municipales electas y que corresponden en gran parte a partidos independientes que expresan, con mayor representatividad, los actuales requerimientos de la población. Resulta necesario invitarlos de inmediato, en su condición de autoridades electas, a incorporarse a la concertación.

La importancia que tiene una concertación con acuerdos vinculantes, nos la mostró la Unión Europea, que, tras siglos de luchas, con el proyecto ESPRIT (información y estadística productiva para unir a los países miembros), logró reunir información de base que permitiera generar proyectos de desarrollo vinculantes entre naciones, algo que debería poder hacerse, con mayor razón, en un solo país como el nuestro.

Así mismo, es recomendable generar grupos de trabajo con apoyo de la Naciones Unidas, en la medida en que hay un conflicto con distintos componentes en el territorio nacional y esta institución cuenta con el expertise para gestionar conflictos sociales, que atañen a gobiernos nacionales, regionales y locales.

Paradójicamente, el Perú, en el plano económico, continúa siendo uno de los países más estables de la región, a pesar de la inestabilidad política y social; como lo hemos venido haciendo notar en nuestros anteriores artículos.

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