Con la institucionalidad no se juega
El reciente comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), firmado por su presidente, Dr. Gino Augusto Tomás Ríos Patio, constituye un llamado urgente a la cordura y al respeto institucional. En él, se rechazan con contundencia las declaraciones del miembro Francisco Távara Córdova, quien en medios de comunicación denunció un supuesto reglaje y alegó irregularidades en la elección de autoridades de la JNJ, así como en la tramitación de procedimientos disciplinarios. El país, sumido ya en una profunda crisis de confianza en sus instituciones, no puede permitirse que el desconcierto se instale también en la entidad encargada —precisamente— de velar por la idoneidad del sistema de justicia.
En su comunicado, la JNJ desmonta una a una las afirmaciones de Távara. Explica que las decisiones sobre personal auxiliar no dependen de la Presidencia ni de la Vicepresidencia, sino del propio miembro y de las áreas administrativas correspondientes. También desmiente que el consejero se haya excusado a tiempo para no participar en una audiencia clave, mostrando evidencia de que su solicitud fue remitida cuando esta ya se encontraba en curso. Finalmente, recuerda que las resoluciones del Pleno fueron adoptadas conforme a derecho, con los votos válidos y reglamentarios de los miembros asistentes.
Más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que está en juego aquí es la credibilidad misma del sistema. Cuando un miembro de una alta institución como la JNJ lanza acusaciones sin sustento verificable y, luego, el propio organismo demuestra lo contrario con fechas, actos administrativos y normativas claras, se corre el riesgo de que la ciudadanía, bombardeada por múltiples crisis, caiga en el cinismo o la desesperanza.
Resulta preocupante que los conflictos internos en instituciones constitucionales sean ventilados en medios de comunicación antes que en los canales que el orden legal prevé para la resolución de controversias. En un Estado de derecho, los agravios —reales o percibidos— se procesan mediante procedimientos regulares, no con declaraciones altisonantes ni con insinuaciones que solo abonan al caos.
Este episodio debe servir como una advertencia: la legitimidad de una institución no solo se construye con procedimientos adecuados, sino también con el comportamiento responsable de sus integrantes. El país necesita instituciones fuertes, no solo en términos legales, sino también éticos. La JNJ no puede ni debe convertirse en un nuevo frente de descomposición institucional, sobre todo cuando su misión es asegurar la probidad en el aparato de justicia.
La exhortación final del comunicado es clara: toda crítica es bienvenida en democracia, pero debe estar sustentada en la verdad y canalizada dentro del debido proceso. Porque sin respeto por las formas y sin apego a las normas, solo queda la ley del más fuerte. Y eso, en cualquier sociedad, es el principio del fin.
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