Con la delincuencia no se dialoga
Nos hemos acostumbrado tanto a la delincuencia que, disfrazada de protesta social, comete crímenes salvajes contra la vida, los bienes públicos y privados, destrucción de la economía del país, el secuestro de poblados y ciudades enteras, entre otras acciones letales, actuando con total impunidad pues solo les basta exacerbar la violencia hasta límites intolerables para provocar la reacción del Estado y tener sus muertos para arrinconar a los políticos desde el ámbito internacional y desde el propio sistema de justicia con imputaciones de crímenes por el uso excesivo de la fuerza que no respetó el principio de la no criminalización de la protesta, provocando la demostración de una vergonzosa cobardía política que se sacude de toda responsabilidad trasladando ésta a las FF.AA. y PNP, cuyos miembros son perseguidos judiciales por la eternidad con base en el concepto de lesa humanidad, mientras que los criminales de siempre siguen con el mismo juego destruyendo la institucionalidad estatal y la gobernabilidad.
Los agentes públicos no se han percatado que es necesario un replanteamiento de estrategias para combatir a los dirigentes violentistas que, casi siempre, provienen de organizaciones ultraviolentas y de aquellas que siempre han utilizado como método el terror, acrecentando su poder con un adecuado sistema de manipulación psicológica de las masas para confundir a gente de buena fe a unirse a ellos para, capturados psicológicamente, convertirlos en una masa que ya no piensa por ella sino que actúa conforme actúan los cabecillas.
El error del Estado radica en que sigue queriendo combatir esta clase de violencia confrontando a las fuerzas del orden con las masas así desatadas y buscando cobardemente un diálogo con dirigentes que no admiten negociaciones sino el sometimiento del gobierno a sus exigencias, las cuales, por lo general, no tienen sustento real ni lógico.
Dicen que un Ejército deja de ser tal cuando el comando es capturado o destruido y desactivada la línea de suministros y cortado el financiamiento de una campaña porque sin dinero no hay suministros, ni comida, ni desplazamiento, ni abrigo, en suma, no hay capacidad de movilización.
El desafío más urgente del Estado es adelantarse a la movilización identificando a los líderes violentistas, sus contactos y líneas de comunicación y desarrollo estratégico, a los sistemas de comunicación social que usan para confundir a la población e identificar a sus financistas que, en casi todos los casos, provienen de la ilegalidad.
Al producirse cualquier asonada ya no habría necesidad de enfrentarse a la masa desbordada de pasiones inducidas, sino solo al descabezamiento del movimiento con la inmediata detención de todos los cabecillas, sus operadores y financistas, con lo cual la masa poblacional que protesta deje de ser tal y recobre su psicología individual y pueda ejercer su derecho de reclamo por la vía pacífica. Solo así se evitarán muertes que ahora resultan inevitables.
Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.
