CIDH y su informe adefesiero (II)
Inicié este artículo la semana pasada, resaltando los disparates y despropósitos contenidos en el reciente informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sobre la situación de los DDHH en el Perú, a partir de los hechos inmediatos a la terminación del mandato –por sus propios actos delictivos– de Pedro Castillo.
El más saltante de esos despropósitos fue faltar a la verdad señalando que se habían producido “manifestaciones pacíficas”, cuando es evidente que se trató de jornadas que hacían parte de una violenta respuesta, preconcebida y anunciada con tono amenazante por el mal chotano y sus altos funcionarios cómplices, para el caso que fueran apartados del poder del cual abusaban creyéndose intocables.
Si se analizan los destinatarios de la violencia: locales estatales y de servicio público como sedes de fiscalías y juzgados, comisarías, aeropuertos y centros de producción privados, además de bloqueo de carreteras y agresión a miembros de las fuerzas del orden, salta a la vista la real naturaleza de esas jornadas.
Son, además, numerosos los indicios de que ese plan violentista fue financiado no solo con recursos provenientes de actividades ilegales y delictivas como el narcotráfico, la minería ilegal, además de corrupción, no solo del ámbito nacional sino provenientes del chavismo boliviano, ávido de apoderarse de territorio y riquezas del sur peruano, lo que explica también por qué los organizadores ubicaron allí la base desde la cual irradiar su influencia al resto del país y sobre todo a su capital, con la patética “toma de Lima”, felizmente fracasada. Pretendían también generar la malévola impresión de que los pobladores del sur no desean ya ser peruanos por razones de origen étnico y cultural y dar paso al proyecto geopolítico de Evo Morales.
Pretender como hacen los burócratas de la CIDH que detrás hayan también reclamos de carácter social y razones de pobreza, resulta de una irresponsabilidad que raya en la desvergüenza ya que como tengo señalado las “manifestaciones pacíficas” terminaron causando inmediato perjuicio a los pobladores de Cusco y Puno y entre ellos a los más esforzados en salir de la pobreza mediante micro y pequeños emprendimientos o con su trabajo dependiente en actividades como el turismo, que terminaron anuladas.
Realmente patético fue traer a colación las denuncias de fraude electoral, hechas con absoluto respaldo legal un año y medio antes y limitar esas denuncias a Fuerza Popular y a su lideresa, cuando es público y notorio que esas denuncias provinieron de la casi totalidad del espectro político nacional, salvo Castillo y sus aliados.
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