CIDH: soplan nuevos vientos

Estados Unidos fue clave en la creación del sistema interamericano de derechos humanos. No obstante, durante décadas su relación con la Comisión y la Corte Interamericana ha sido complicada. Empezando porque Estados Unidos nunca ha reconocido —ni mucho menos ha ratificado— la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica que EE. UU. tampoco ha aceptado jurisdicción alguna de la Corte Interamericana, limitando su acuerdo formal con el sistema. Además, en distintos momentos —particularmente cuando la Corte o la Comisión han criticado políticas internas de EE. UU. (como la pena de muerte, la cárcel de Guantánamo o asuntos migratorios)— ha habido tensiones que han enfriado todavía más esa relación.
No obstante, EE. UU. acaba de dar una contundente demostración de interés respaldando la candidatura de Rosa María Payá como miembro de la CIDH. Ella es una destacada activista cubana, batalladora por la libertad y los derechos humanos en su país. Hablamos de la hija de Oswaldo Payá, poderoso líder de la oposición política al régimen castrista, desde cuya muerte —en 2012— ella y su madre se trasladaron a Estados Unidos. Este categórico respaldo debe ser considerado como firme intento de Washington por influir, nuevamente, en la agenda de la CIDH y fortalecer su papel ante los atrabiliarios gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como frenar la aparición de nuevos regímenes autoritarios en la región.
Analizando la conducta de los diferentes países latinoamericanos con la CIDH, se confirma lo sesgada que ha sido la actuación de este organismo durante este cuarto de siglo. Costa Rica, como sede de la CIDH, ha sido uno de los países más comprometidos con el sistema interamericano. Por su parte, México y Colombia han mostrado tensiones; aunque en ciertos casos aceptaron la jurisdicción de la Corte cumpliendo sus sentencias; en otros, no. El trance más saltante quizá sea el del Perú, donde la CIDH viene persiguiendo hace cuarenta y cinco años a militares, policías —y políticos— peruanos, acusándolos del delito de lesa humanidad por haber enfrentado —durante veinticinco años— a las peores bandas terroristas regionales —Sendero Luminoso y MRTA—, culpables de asesinar en forma inhumana y sanguinaria al menos a 35 mil peruanos. Más aún, el brazo ideológico de Sendero Luminoso sigue enquistado en el Ministerio de Educación, desde donde influye para limitar las críticas a las desalmadas matanzas ordenadas por su líder espiritual, el fallecido canalla y carnicero Abimael Guzmán, quien disfrutaba de cada despiadado asesinato ejecutado por sus esbirros.
Pero esta vez la postura de Washington ante la CIDH ha avanzado más. Tras su decisión de suspender toda ayuda internacional a las ONG financiadas por la USAID, el sábado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Estados Unidos “ha congelado todos los fondos” que cubrían el salario de sus funcionarios. Como consecuencia, 40 “consultores” fueron cesados, les retiraron las visas, las operaciones se suspendieron y las oficinas de la Comisión en Washington ya empezaron a cerrar.
¿El dominio procomunista, proterrorista de los sucesivos integrantes de la CIDH, incluido García Sayán, está llegando a su final?

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