Choque en la OEA

No puede negarse que el hecho político más importante de la semana fenecida ha sido las intervenciones del titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el jefe de la misión peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, en la cita del consejo permanente de esta última institución.

Cita pedida por el gobierno nacional y donde Otárola expuso la ponencia “El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multidimensional”.

¿Por qué la importancia? Primero, porque desplazó rápidamente a un segundo plano el fracasado viaje de la presidente Dina Boluarte a Europa, gira inopinada y cuya coronación fue visitar al sumo pontífice Francisco I, quien expresa a través de gestos faciales su agrado o desagrado hacia los dignatarios que recibe.

Personaje que nombró al exjuez argentino Eugenio Zaffaroni como presidente de la junta académica del “Instituto para la investigación y promoción de los derechos sociales” del Vaticano. Y Zaffaroni, como ya se sabía, ejerció una apasionada defensa del golpista y presumible delincuente Pedro Castillo Terrones.

Segundo, porque era necesario establecer un punto de quiebre con la oprobiosa relación establecida por el gobierno de Castillo con el organismo panamericano, en especial con su Secretario General, el inacabable Luis Almagro, blindador profesional de las miserias morales y políticas del sujeto mencionado.

Y tercero, porque ha fijado una línea esperada por muchos compatriotas en torno al concepto de la defensa de los derechos humanos y los sesgos que tanto la comisión como la corte interamericana aplican a sus interpretaciones sobre lo ocurrido en nuestro país, especialmente durante el imperio asesino de Sendero Luminoso y del MRTA el siglo pasado.

La contingencia más desproporcionada que enfrentamos en estas instancias son las peticiones formuladas por los cabecillas terroristas Florencio Flores Hala (“camarada Artemio”) y Víctor Polay Campos para obtener beneficios, con alta probabilidad de conseguirlos.

El solo hecho que la CIDH haya admitido a trámite las denuncias de los subversivos condenados que cuestionan sus procesos judiciales y las condiciones carcelarias que vulnerarían sus derechos, crea dudas razonables sobre su proceder. De manera particular, por la intermediación de los traficantes nativos de los DD.HH. que, como lo ha probado recientemente el periodista de investigación Ricardo Uceda, lograron encauzar hasta dos expedientes sobre el asesinato del líder sindical Pedro Huillca el 12 de diciembre de 1992.

Asesinato perpetrado y reivindicado por Sendero Luminoso, pero luego orientado hacia una supuesta responsabilidad del Estado peruano por el allanamiento oficial del representante del Ministerio de Justicia del gobierno de Alejandro Toledo ante esa nueva imputación (“Dos teorías sobre un asesinato”, Ricardo Uceda, columna El Informante, El Comercio 15/10/2023).

Bien por Otárola y Adrianzén que han propiciado un necesario choque de pareceres en la OEA para que no se siga trajinando malévolamente un tema tan sensible para nuestro país.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.