Chinecas: ¿la irrigación convertida en botín político?

El Proyecto Especial Chinecas, concebido hace más de cuatro décadas como motor de desarrollo para Chimbote y toda la región Áncash, vuelve a estar en el centro de la polémica. En lugar de consolidarse como una obra de irrigación capaz de transformar miles de hectáreas en tierras productivas, se habría convertido en un espacio marcado por presuntas irregularidades, repartos políticos y maniobras cuestionables que ameritan una investigación profunda por parte de las autoridades competentes.
La reciente designación de la ingeniera civil Ana Melva Salas Laureano como gerente del proyecto expone con claridad el trasfondo de estas decisiones. Inicialmente incorporada para supervisar las bocatomas, fue nombrada gerente dos meses después por un directorio presidido por el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega. El nombramiento resulta controversial, ya que Salas no cumpliría con todos los requisitos exigidos para el cargo y, además, enfrentaría procesos judiciales. Pese a ello, su designación fue respaldada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como el ingeniero Vladimir Cuno, y por la arquitecta Yuliana Ayala, exfuncionaria de la Municipalidad Provincial del Santa, cuya participación también genera dudas.
Detrás de estas decisiones se denuncia un presunto reparto de poder con fines ajenos al interés público. Según fuentes locales, la finalidad real habría sido controlar los mecanismos de adjudicación de tierras del proyecto. Cuno fue nombrado jefe de la Comisión de Adjudicación de Tierras, mientras que Ayala asumió la gerencia de Desarrollo Urbano de la región. Ambos cargos son clave en el manejo de lotes y en la futura regularización de predios pertenecientes al Estado.
Las prácticas denunciadas por agricultores y asociaciones reflejan procedimientos arbitrarios. Durante las inspecciones de terrenos, representantes de Cofopri, Midagri y Chinecas habrían actuado en coordinación con asociaciones previamente seleccionadas. Ante disputas, los involucrados contaban con solo diez minutos para “ponerse de acuerdo”; de lo contrario, se levantaba un acta declarando conflicto, lo que revertía el terreno al proyecto. Lo más grave: no se entregaban copias de estas actas, impidiendo reclamos formales y favoreciendo un manejo discrecional del proceso.
A esto se suma la participación de la regidora de Nuevo Chimbote, Susana Bustillos, como parte de la comisión. Agricultores señalan que habría recibido dinero por revisar quinientos expedientes, muchos de los cuales serían falsos. Este hecho configura un claro conflicto de interés, ya que una autoridad edil no debería ejercer funciones remuneradas dentro de un proyecto regional.
Las denuncias también incluyen prácticas irregulares en las oficinas de Chinecas, donde se confiscan los celulares de los usuarios antes de brindar atención, restringiendo derechos básicos como la documentación y la defensa. Todo esto configura un escenario que se aleja de la transparencia exigida en la gestión pública.
Chinecas no debe convertirse en un botín político. Lo que está en juego son más de 26 mil hectáreas destinadas a la irrigación y la esperanza de miles de agricultores. Es urgente que la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y el Congreso actúen con firmeza. Áncash merece que este proyecto cumpla su verdadera misión: generar desarrollo y bienestar sostenible.

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