Chile y su preocupación constitucional

A más de cuatro años en que, como consecuencia de un gran movimiento social producido en octubre del 2019, y que fuera promovido por el hoy presidente, Gabriel Boric, el pueblo chileno se embarcó en la posibilidad de reemplazar la Constitución de 1980, cuya elaboración fuera encargada su preparación por Pinochet.
Después de este largo periodo de tiempo, que se inicia con el acuerdo de paz logrado por las agrupaciones políticas con miras a tener una nueva Carta Constitucional (“que resuelta todos los problemas que padece el pueblo chileno”)“, y después de haber pasado por diferentes momentos que procuraban su nacimiento, el día de ayer se llevó a cabo un nuevo plebiscito, mediante el cual se puso a consideración de la ciudadanía el segundo proyecto de Constitución, de cuyo resultado ya se tenía muy poca expectativa que permita ratificar la propuesta constitucional.
Como quiera que este artículo, como es obvio, se elaboró sin saber cuál es el sentir de la población chilena y por lo tanto no había seguridad del resultado de la consulta popular, lo que sí es cierto que, nuevamente, nos podemos hacer la pregunta: ¿las nuevas normas o una nueva Constitución, resuelve todos los problemas que aquejan a una nación? La respuesta cae de madura: por supuesto que no.

Cerca de 90 millones de dólares son los que los gobiernos chilenos han venido gastando para llevar a cabo los diferentes procesos eleccionarios y de consulta popular programados en estos más de cuatro años, siempre atendiendo el interés y aspiración del presidente Gabriel Boric, cuya aspiración era la de que Chile debía tener una nueva Carta Política que sustituya a la del dictador.

Al respecto, y frente a la experiencia de nuestros vecinos del sur, cuya preocupación de tener una nueva Constitución, por lo menos para un sector ciudadano, puede verse frustrada, no debemos de perder de vista de que los problemas políticos, sociales y económicos, algo similares a los que tenemos los países de esta parte del continente, terminan siendo fuente de inspiración de lo que debemos hacer, o lo que debemos de evitar hacer.
En ese sentido, y siempre pensando en nuestra particular realidad, con todas las características que ella tiene en la diversidad de aspectos que la comprende, tengo que reiterar que los problemas que padece la sociedad peruana no son culpa de la ley o de las normas; por el contrario, son el resultado de cómo se administra la cosa pública o, lo que lo mismo, es un problema de gestión; es decir, de la forma cómo se administra el Estado.

En el caso de Chile, desde el año 1990 en el que Pinochet dejara el poder, se han venido sucedido hasta ocho presidentes constitucionales, inclusive dos de ellos tuvieron la oportunidad de asumir el cargo en dos oportunidades, como es el caso de la Sra. Bachelet y el Sr. Piñera, de posiciones ideológicas distintas u opuestas. Frente a ello, nos podemos dar cuenta, entonces, que el problema de la sociedad chilena no está en la Constitución que ya va camino a tener 40 años de vigencia, sino en la forma o manera de cómo se ha conducido la administración del Estado.

Si nos detenemos en observar lo que acontece en otros países, fuera de nuestra región, nos daríamos cuenta de que, para la atención de sus problemas internos, no se culpa a la norma o a su Constitución el no poder resolverlos; pues, el criterio es que, son las decisiones de gobierno, y la forma de cómo estas de producen o se orientan, las que deben de encontrar las fórmulas de atender los requerimientos de su población.

Por lo tanto, hay que decirle a la autoridad gubernamental que dejen de echarle la culpa a las normas el no poder o no saber hacer una buena gestión de gobierno; y, en su lugar, corrijan la forma de cómo toman decisiones, puesto que allí está la solución para encontrar el camino al buen gobierno.

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