Cerrar el Congreso para salvarse de la justicia
A pesar del ruido político y la confrontación institucional que se inició con el gobierno de Castillo, alimentado por la permanente victimización en la narrativa del Ejecutivo, su enfrentamiento con el Congreso se había mantenido en un entrampamiento que impedía que cualquiera de las dos partes ganara, esto, principalmente, porque en el Congreso no se contaba con los votos requeridos para sacar a Castillo del poder. Algo que quedó demostrado con los dos anteriores intentos de vacancia, que para lo único que sirvieron fue para debilitar a la oposición.
El argumento de que el Parlamento no deja gobernar a Castillo no soporta mayor análisis, pues si bien han pasado casi un centenar de ministros por el Gobierno, el Congreso solo ha censurado a 5 de estos, quienes, en la mayoría de los casos, tenían diversas denuncias que comprometían su idoneidad como ministros de Estado.
El que el Congreso le haya negado la salida del país en distintas oportunidades tampoco genera mayor repercusión en la dirección y gestión del Estado, pero sí en la capacidad del Gobierno de afianzar alianzas políticas con otros mandatarios y demuestra que la estabilidad política del país pende de un hilo, algo que está sabiendo aprovechar el Ejecutivo en el ámbito nacional para fortalecer su narrativa de victimización.
Esta realidad, hasta hace unos días, no había cambiado, sin embargo, el Ejecutivo decidió romper el entrampamiento y avanzar hacia un posible cierre del Congreso, tras interpretar unilateralmente una denegatoria de confianza a pesar de que la ley se lo impide, algo con lo que, al parecer, no estuvo de acuerdo la vicepresidenta Dina Boluarte, quien decidió renunciar al gabinete ministerial.
Si bien el enfrentamiento directo con el Parlamento le resulta popular al Gobierno, ya que el Congreso es la institución democrática con menos aceptación en el Perú (algo que es común en la mayoría de democracias del mundo), habiendo logrado llegar a un máximo histórico de aceptación de más del 30% luego de la visita de la OEA (tras activarse la Carta Democrática por petición del Ejecutivo), el viraje en su estrategia para incrementar la tensión no puede ser entendido estrictamente desde lo político, pues, a pesar de toda su narrativa de victimización, parecía claro que el puesto de Castillo como presidente no corría peligro.
Sin embargo, el avance de la Fiscalía y del poder judicial respecto a las investigaciones que se le siguen a Castillo y a su entorno más cercano, sí pueden explicar estas acciones.
Si bien Castillo aún no puede ser procesado por la justicia mientras ostente el cargo, todo su círculo cercano sí lo está siendo, incluso yendo muchos a prisión preventiva. El detonante pudo ser el que, hace unas semanas, la Corte Suprema le dio la razón a la Fiscalía respecto a que sí podía investigar a Castillo antes de que terminara su mandato.
Esta circunstancia es la que parece haber fomentado que el Ejecutivo decidiera avanzar contra el Congreso a pesar de su inocuidad, pues, para detener estos procesos judiciales, el Gobierno parece dispuesto a dar un autogolpe, ya que es la única forma de reconfigurar los poderes del Estado a su propia medida, sin preocuparse de las repercusiones políticas ni legales en el futuro, al romper con el orden constitucional.
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